La filigrana tras la postulación de Edgardo Maya a la Contraloría

De una parte, pone en entredicho la transparencia con que el tribunal constitucional aplica su propio reglamento en cuanto a la nominación de candidatos a los organismos de control.

Al mismo tiempo, ratifica la tan cacareada politización de los organismos de control, pues es evidente el intenso lobby que se necesita para llegar a ser jefe del organismo fiscalizador de las finanzas públicas.

Por otro lado, para algunos expertos es el primer paso de la ‘cooptación’ de la Contraloría por parte del poder Ejecutivo. En otras palabras, según las fuentes, es “el ingreso de la Corte Constitucional a la Unidad Nacional”.

Cada una de estas interpretaciones tiene algo de cierto y algo de especulación. Veamos.

En el primer caso, los críticos de la Corte Constitucional consideran que la corporación se apartó de su propio reglamento para permitir que Maya Villazón fuera ternado.

De hecho, los magistrados de ese tribunal Jorge Iván Palacio y María Victoria Calle se retiraron de la discusión, pues advierten que la Corte vulneró su propio reglamento al permitir la participación en la segunda convocatoria de inscritos de quienes ya habían participado en la primera sin alcanzar las mayorías necesarias.

Entre ellos estaban, además del exprocurador Maya Villazón, el expresidente de la Corte Suprema de Justicia Camilo Tarquino, el exmagistrado de la Sala Penal de esa corporación Jaime Arrubla Paucar y la exmagistrada de la Constitucional, Clara Inés Vargas.

Los magistrados Palacio y Calle consideran que la Corte Constitucional violó “los principios constitucionales de legalidad, transparencia, publicidad, participación y debido proceso”.

Esta decisión de la Corte, según el analista Aurelio Suárez, permitirá muchas demandas por violación al debido proceso, en caso de que Edgardo Maya sea elegido Contralor General.

A ello, agrega, Suárez hay que sumarle que el año entrante Maya cumplirá 65 años, edad de retiro forzoso, y que su esposa, Adriana Guillén, es funcionaria pública pues es la directora de Agencia de defensa Jurídica de la Nación. “Es decir, Maya Villazón está impedido para postularse”, dice el experto.

Terna de uno

Por otra parte, el analista Aurelio Suárez considera que el lobby de Maya Villazón obedece a los “compromisos políticos” del presidente Juan Manuel Santos con el Partido Liberal que le dio su apoyo a la reelección.

“Es claro que Maya es el candidato oficial del Gobierno para la Contraloría. Esta es una terna de uno, o mejor dicho: todos los caminos conducen a Maya”, añade el experto para quien por cuenta de la figura de la reelección “hay una cooptación de poderes: el Legislativo coopta al Poder Judicial, y el Ejecutivo a estos dos”.

Este fenómeno, en opinión del catedrático Pedro Medellín Torres, no es más que la “degradación institucional que ha llevado en muchas oportunidades al choque entre las altas Cortes”.

De hecho, la actual contralora Sandra Morelli ha tenido serias diferencias con el Fiscal General de la Nación y con la Auditora General y hasta con el propio Procurador General de la Nación.

Reforma Constitucional

Frente a este panorama, José Obdulio Gaviria, senador electo por el partido Centro Democrático, advierte que esta situación obedece a la “gravísima interferencia entre poderes públicos, hecho que viene desde la propia Carta Política de 1991”.

Gaviria no duda en que la elección de Edgardo Maya Villazón como candidato de la Corte Constitucional “es un procedimiento espúreo”, y descalifica el hecho de que los magistrados tengan origen en los propios directorios políticos.

Por ello, dice que aunque su bancada aún no ha definido qué posición llevará al Congreso de la República, “lo importante es que podamos enmendar el error de los constituyentes del 91. Lo que le conviene al país es que los organismos de control puedan elegirse sin componendas políticas”.

Faltan candidatos

Según la Constitución Nacional, el Contralor General de la República es elegido por el Congreso en pleno –Cámara y Senado- de terna de candidatos presentada por la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado. No puede ser reelegido.

Estas últimas dos corporaciones aún no han elegido a sus candidatos. En la Suprema hasta el momento de los cinco aspirantes con mayor opción dos son los que más suenan: Carlos Ardila Ballesteros, exrepresentante a la Cámara y exmagistrado del Consejo Nacional Electoral, y Diego Ardila, actual Contralor de Bogotá.

Mientras el Consejo de Estado tiene tres candidatos preseleccionados: el excongresista Gilberto Rondón, el exauditor General de la Nación Iván Darío Gómez y el catedrático Carlos Alberto Atehortua Ríos.