miércoles, 27 de octubre de 2021
Entre ellos se encuentra una casa con fines culturales de la madre del exalcalde Samuel Moreno en el barrio de la localidad de Teusaquillo de Bogotá
La Fiscalía ocupó ocho inmuebles del senador Armando Benedetti para extinción de dominio
La Fiscalía General de la Nación ocupó, con fines de extinción de dominio, 77 bienes que pertenecían a personas presuntamente involucradas en el caso de corrupción por el contrato de la construcción del interconector Tunjuelo-Canoas. El operativo contó con el apoyo de agentes del CTI.
Entre estos bienes, que alcanzan un valor de $27.004 millones, se encuentra una casa declarada de interés cultural a nombre de María Eugenia Rojas de Moreno, madre del exalcalde de Bogotá, Samuel Moreno, y del excongresista, Iván Moreno Rojas, que se afectó con medida cautelar y embargo.
El organismo también reveló que los más bienes, entre los que se encuentran bodegas, garajes, un local comercial, y 28 vehículos, fueron ubicados en las ciudades de Bogotá, Villavicencio, Cajicá, Girardot, Tabio, en Cundinamarca, y Orocué, en Casanare. A su vez, entre las propiedades destaca una finca rural de 3.000 hectáreas y un condominio campestre, junto a otros tres predios rurales. En Bogotá y en Villavicencio se incautaron 44 inmuebles.
Entre los bienes también se encuentran propiedades pertenecientes a otras 13 personas naturales y jurídicas, como Carlos Alberto Acero Arango, exdirector operativo de la red de alcantarillado del Acueducto de Bogotá, acusado de modificar los estudios para facilitar la aprobación del proyecto.
También resaltan nombres como el de Carlos Alberto Solarte Solarte, representante de Cass Constructores, que se alió con Odebrecht para obtener el contrato, y Orlando Fajardo Castillo, que accedió a información privilegiada de la Empresa de Acueducto de Bogotá para ganar la adjudicación.
Cabe recordar que la construcción del interconector Tunjuelo-Canoas tenía como propósito descontaminar el río Bogotá, desviando el agua residual del río Tunjuelo a una planta de tratamiento. El proyecto no se terminó porque se hallaron irregularidades en la adjudicación del contrato en la etapa de planeación. Los bienes decomisados, según comunicó la Fiscalía General, pasarán a disposición de la Sociedad de Activos Especiales (SAE) para su custodia.
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