• Colprensa

lunes, 3 de febrero de 2014

El fiscal general de la Nación, Eduardo Montealegre, enviará una comisión a la isla de Barú para verificar si podrían existir delitos ambientales frente a la construcción de una planta para la exportación de gas en esa zona del país.

Será una comisión especial perteneciente a la Unidad de Medio Ambiente de la Fiscalía la que tendrá en sus manos inspeccionar y determinar si la construcción de ese puerto o planta va a producir un daño ambiental y valorar si la obra se ajusta a la ley. “Los fiscales que irán, van a examinar con los pescadores y la comunidad, el tramite que se ha dado en la construcción del puerto y hará las verificaciones ante las autoridades ambientales para determinar si el procedimiento administrativo se ha venido llevando correctamente”, dijo Montealegre.

Anunció que de encontrarse alguna irregularidad se estaría incurriendo en los delitos de como prevaricato o abuso de la autoridad. “Vamos a examinar si existe o no alguna omisión de los tramites y determinar si el proyecto cumple o no con los requisitos ambientales”, dijo.

Esta inspección se llevará a cabo durante el mes de febrero y se da luego de una denuncia interpuesta por la Red de Veedurías Ciudadanas en cabeza de su presidente, el abogado Eduardo Padilla Hernández, quien argumento un posible daño ambiental tras la construcción de un puerto para la exportación de gas que afectaría más de mil hectáreas de mangle, según dice la demanda.

Y agrega que las licencias que se estarían concediendo para la estructuración del llamado Puerto Cayao, en Barú, presentarían una serie de irregularidades en concesión por lo que deben ser analizadas con lupa por los organismos de control.

En el trámite de los permisos para construir Puerto Cayao, por parte de la sociedad portuaria El Cayao S.A. ESP. “No se les ha permitido a los nativos expresar sus opiniones”, dice el documento y añade que con ese proyecto además de los manglares se estaría afectando gravemente el ambiente y causando importantes perjuicios sociales y económicos.

“A los pobladores no se les ha socializado el proyecto y al contrario, se mantienen alejados de las gestiones para conseguir la licencia ambiental”, dice Padilla quien precisa que los afectados serían las comunidades de Bocachica, Ararca, Pasacaballos, Caño de Oro y Santa Ana, quienes recurren a la pesca para su sustento y manutención.

En manos de las autoridades
En nueve páginas conocidas, Eduardo Padilla resume lo que él considera como “un problema de marca mayor, y un inminente deterioro ambiental sin precedentes”. Y es que para Padilla, este puerto es un nuevo intento por ejecutar proyectos sin importar los costos.

Según señala, en zona del Parque Forestal Cacique Dulio, ubicado al noreste de la isla de Barú, se han intentado ejecutar, sin éxito, proyectos como el de Coalcorp el cual quiso establecer un puerto carbonífero en 2007, y al que más tarde se sumó el de la cadena de hoteles Decameron la cual compró predios para construir un complejo hotelero.

En esta oportunidad -señala Padilla- se plantea el desarrollo de un terminal de líquidos a gran escala cuya especialización serían bicarburos como petróleo, el gas y los petroquímicos y detrás de todo esto estaría la sociedad Portuaria Puerto Bahía, como principal impulsora.