Hernán Olano García Lunes, 7 de marzo de 2016

Ya que dos años antes de terminar el periodo de Juan Manuel Santos, serán elegidos el Procurador, el Fiscal, el Defensor del Pueblo y el Gerente del Banco de la República. Cada uno de estos cuatro funcionarios maneja en forma distinta la función constitucional que le es asignada y tiene, además, la influencia del partido o movimiento político del cual proceda su nominación en cada una de las ternas. 

El conservatismo está buscando repetir en la Procuraduría General de la Nación después de ocho años del mandato de Alejandro Ordoñez. Se aproxima, en ese aspecto, la posibilidad de que sectores más liberales de la población, incluidos grupos minoritarios, busquen ser la cabeza del Ministerio Público. 

Por su parte, el Defensor del Pueblo por primera vez será elegido, únicamente, para un periodo de cuatro años; ya que la reforma de equilibrio de poderes del año 2015 prohibió la reelección indefinida de este funcionario luego del escandalo mediático en torno al antiguo defensor que fue suspendido del cargo por la misma Procuraduría General. En este caso sectores conservadores buscarán esa posición, no sólo por ser un gran fortín burocrático para los integrantes de la cámara de representantes, sino también para reivindicar los derechos de las mujeres tan afectados con la relación del antiguo defensor del pueblo y su secretaria privada. 

Por otra parte, el Fiscal General de la Nación será el fiscal de la paz. Este tendrá que hacer cabeza de la jurisdicción especial de paz, que corresponde a toda la aplicación del sistema de justicia transicional y a la conformación de los tribunales que tendrán a cargo la instrucción de investigación, condena o eventual absolución  de guerrilleros y militares que hayan hecho parte del conflicto interno. Este fiscal que se posicione en los próximos meses tendrá que lidiar con los juristas colombianos frente a la propuesta que se encuentra en la mesa entorno a la elección de magistrados internacionales en cada uno de esos tribunales los cuales sin tener, tal vez, las calidades requeridas para ejercer la profesión de abogado en Colombia, serán los jueces de cierre en todas las jurisdicciones, incluso estarán por encima de los magistrados de la corte constitucional. 

Finalmente, frente a la elección del Gerente General del Banco de la República, en un momento de crisis en el cual Colombia está viviendo en una burbuja económica, de la cual ya se están notando las consecuencias, tendrá que elegir a un nuevo gerente del banco que podrá permanecer en la dirección de la economía colombiana por los próximos 12 años. Una herencia que, tal vez, el próximo presidente de la república no querrá recibir, toda vez que si no se concretan las aspiraciones presidenciales del actual Ministro de Hacienda, este podría llegar a ser un candidato ideal para permanecer en ese cargo por los siguientes tres periodos presidenciales. Con lo cual eternizaría una posición de desagrado frente al manejo de las finanzas públicas colombianas y frente a un atraso en los últimos meses debido al alto costo de la vida, al desempleo y a la inflación generalizada que ha motivado la devaluación existente del peso colombiano frente a las monedas fuertes internacionales. 

Así las cosas, la responsabilidad de escoger prudentemente a estos funcionarios que recaerá en el Senado de la República, en la Cámara de Representantes, en la Corte Suprema de Justicia y en el Presidente de la República, marcará la agenda pública de la próxima legislatura que ha de comenzar.