JEP le exigió al Gobierno Nacional que brinde garantías a sus funcionarios por inseguridad
La entidad además solicitó la revisión de los esquemas de la UNP, luego de que una de sus abogadas y dos escoltas fueron secuestrados temporalmente por hombres armados
20 de septiembre de 2026
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La Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, le exigió al Gobierno Nacional que brinde garantías a sus funcionarios. La entidad además solicitó la revisión de los esquemas de la UNP, luego de que una de sus abogadas y dos escoltas fueron secuestrados temporalmente por hombres armados.
La Jurisdicción Especial para la Paz denunció ante la opinión pública y las autoridades nacionales la grave situación de seguridad y la retención violenta de la que fue víctima la abogada Sandra Mónica Herrera Gaviria, defensora de comparecientes de las antiguas Farc-EP. La abogada está vinculada en la Justicia Transicional mediante el convenio institucional con la Fundación Panamericana para el Desarrollo, Fupad.
Los hechos ocurrieron en el sector del cruce de Itaibe, del municipio de Páez (Cauca), mientras la abogada se desplazaba en desarrollo de sus labores de representación legal hacia La Plata (Hulila). También tenía planeado atender a otros comparecientes en Florencia (Caquetá).
“En el trayecto, sujetos armados con fusiles y pistolas interceptaron el vehículo de la Unidad Nacional de Protección (UNP), encañonaron a sus ocupantes”, explicó la entidad.
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