La JEP le respondió a la Fiscalía General de la Nación por "lentitud" en investigaciones

La Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, respondió a inquietudes de la Fiscalía General de la Nación sobre el manejo de casos relacionados con el conflicto armado. En comunicación fechada el 1 de agosto de 2025, el presidente de la JEP, Alejandro Ramelli, detalló los esfuerzos de articulación entre ambas entidades desde la firma del "Acuerdo de Cooperación contra la impunidad" en octubre de 2022.

El documento señala que se han realizado más de 30 mesas técnicas entre equipos de la JEP y fiscalías especializadas, 12 de ellas entre noviembre de 2024 y julio de 2025. Estos espacios buscan depurar y consolidar información sobre investigaciones vinculadas al conflicto. Un ejemplo citado es la reducción de carpetas investigativas asociadas a las Farc-EP en la Dirección de Justicia Transicional: de 140.000 estimadas inicialmente a 70.000 tras aplicar metodologías de verificación.

La JEP explicó que su enfoque investigativo prioriza patrones macrocriminales y responsabilidades máximas, no casos individuales. Hasta julio de 2025, la Sala de Reconocimiento de Verdad formuló 263 imputaciones a 251 comparecientes (90% de los cuales reconocieron responsabilidad). Además, la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas resolvió el sometimiento de 10.821 personas.

Se reconocen desafíos en el manejo de datos. Los inventarios iniciales de la Fiscalía presentaban imprecisiones, como registros duplicados, identificación solo por alias y clasificación errónea de víctimas y victimarios. La JEP ha integrado 1.075 informes de entidades estatales y sociedad civil para construir su "universo provisional de hechos", que incluye 407.081 procesos identificados.

Como propuesta de trabajo conjunto, la JEP sugirió crear dos inventarios: uno por macrocaso para selección de responsables y otro centrado en comparecientes para definir situaciones jurídicas individuales. También planteó que la Fiscalía podría cerrar directamente investigaciones con información precaria o sin responsables individualizados, usando facultades de su legislación procesal.