Juliana Ramírez Prado - jramirez@larepublica.com.co Viernes, 27 de febrero de 2015

Aunque son contextos y normatividades distintas,  hubo presunto desfalco o estafa, también,  algunos de los responsables quisieron evadir sus responsabilidades y los afectados fueron muchos.

Actualmente,  los preacuerdos que tengan  la fiscalía y los líderes del Fondo Premium puede hacer que los responsables tengan una rebaja de hasta 30% de la pena, comenta el abogado Abelardo de la Espriella.

Si se tiene en cuenta que Alexandra Ladino, fiscal delegada para el caso dijo que los implicados podrían pagar hasta 15 años de cárcel,. Con la rebaja posible, la pena podría ser menor a 10 años.

Según de la Espriella,  el espíritu del principio de oportunidad busca que la colaboración que un imputado o acusado brinde sea  lo suficientemente contundente como para desmantelar una organización criminal. 

Sin embargo, los ex directivos del Fondo Premium recibieron medida de aseguramiento solo dos años después de que salió a la luz pública lo de Interbolsa y todavía no se concreta el juicio que definiría los años de cárcel que deberán de pagar.

Abelardo de la Aspriella, abogado penalista considera que “a estas alturas del proceso, la justicia tiene perfectamente claro cómo funcionaba esa empresa en la que se “cometieron toda suerte de ilegalidades”.

 “Los autores de las conductas penales están plenamente identificados, al igual que sus métodos de estafa y manipulación, luego entonces considero en este estadio procesal que, no tiene sentido conceder el principio de oportunidad” agregó de la Aspriella.

Los delitos que la Fiscalía imputó a 6 de los 10 ex directivos son: estafa agravada, administración desleal, manipulación y concierto para delinquir y captación masiva y omisión de reintegro.

Juan Carlos Ortiz, Tomás Jaramillo y Ricardo Martínez aceptaron su responsabilidad en  tres de estos delitos. Mientras que, los abogados defensores  dieron a conocer que,  los implicados estarían buscando  firmar un principio de oportunidad con el ente investigador por los delitos de captación masiva de dinero y no reintegro.

Salvo la legislación, la situación no es muy distinta a la que ocurrió en 2008, cuando se dio a conocer que   215.251 colombianos reclamaban recursos por $1,1 billones.

Las personas afectadas destinaron sus ahorros y créditos a una pirámide que les ofrecía rendimientos exorbitantes que no recibieron.  Al responsable, David Murcia Gúzman se le condenó 9 años de prisión en Estados Unidos (porque incurrió además en lavado de activos) y 30 años y 8 meses, en Colombia, por captación ilegal de dinero.

Otro caso fue el de la venta de 7.525 acciones de Nacional de Chocolates por parte de una empleada de servicio que despertó sospechas de la Comisión Nacional de Valores. La entidad calificó las acciones como ficticias.

Con esto empezó en 1980,  el proceso que desembocaría en la quiebra del poderoso Grupo Grancolombiano.  Jaime Michelsen fue denunciado por manipulación de acciones en la bolsa a través de operaciones ficticias, maniobras financieras y préstamos entre empresas de su mismo conglomerado.

En 2983, Michelsen se exilió en Panamá y cuando regresó  fue condenado a  pagar 36 meses de cárcel.

En el caso de DMG se actuó desde un principio ilegalmente, mientras en el Gran Colombiano y el Fondo, dichas empresas contaron con autorizaciones previas del Estado, esto implicaría que las condenas por  haber faltado a la confianza, pudieran ser un poco más  laxas con los implicados. 

Antecedentes
La Fiscalía demostró la hipótesis delictiva según la cual a través del Fondo Premium, domiciliado en Curazao, se manejaron de forma irregular el dinero que había sido invertido por más de 1.000  personas en Colombia y había sido promocionado por la sociedad comisionista de bolsa Interbolsa, en liquidación. Los recursos  terminaron invertidos en Colombia para financiar empresas del grupo Interbolsa como Latinoamericana de Inversiones Sumo, Helados Modernos, Malta S.A. y Las Tres Palmas.

Las opiniones

Abelardo de la Aspriella
Abogado penalista

“Los autores de las conductas penales están plenamente identificados, al igual que sus métodos de estafa y manipulación. Luego entonces considero en este estadio procesal que no tiene sentido conceder el principio de oportunidad”.

Francisco Bernatte
Abogado de Juan Carlos Ortíz

“Estamos en manos del juez. Se han entregado ya las acciones ($12.500 millones) que tenía mi cliente de Millonarios  como parte del dinero para reparar a las víctimas del descalabro financiero y las otras propiedades las tiene intervenidas Supersociedades”.