Son cinco grandes y profundas reformas las que necesita el país. La reforma al sistema de pensiones; al sistema de salud; al sistema de la educación superior; al ordenamiento territorial y a la justicia.
Frente a las tres primeras el presidente de la República se asustó cuando vio unos cuantos facinerosos en las calles de la capital rompiendo vidrios, matando policías, saqueando almacenes y colocando grafitis. De nada le sirvió al Gobierno Nacional contar con el 92% del respaldo parlamentario y el 83% de popularidad de aquél entonces. Todas sucumbieron sin siquiera haber sido radicadas. En cuanto al ordenamiento territorial se refiere (la obra más importante y más pendiente que tenemos) el Congreso decidió aprobar una ley orgánica de ordenamiento territorial que le delega a otra ley orgánica de la misma naturaleza la trascendental misión de organizar nuestro territorio. ¡Vaya logro! Al parecer las enseñanzas del caso San Andrés no nos han conmovido lo suficiente para constituir bien nuestro territorio.
Y el caso de la justicia es bien conocido por todos. El proyecto fue vergonzoso y su lamentable final no lo fue menos. Si no fuera por la altura intelectual y la gallardía personal del Ministro Esguerra Portocarrero, el precedente hubiese sido de talla universal.
Como sea, por culpa del Gobierno Nacional nos hemos quedado sin una reforma a la justicia cuando es éste, precisamente, el principal problema que aqueja a los colombianos.
Según los más relevantes estudios, la situación de nuestra justicia es francamente deplorable. Para The Rule of Law, para el Latinbarómetro, para Doing Bussines e, incluso, para nuestro propio Consejo Superior de la Judicatura, la impunidad penal supera el 90% y la civil, comercial, constitucional, contencioso administrativa y de familia la justicia es lenta, inoportuna y por ende ineficaz ¿Cómo no va a ser ineficaz una justicia cuya sentencia de primera instancia tarda en promedio 1386 días?
Los estudios también demuestran que Colombia es un país aún débil en materia institucional y culturalmente violento donde la ausencia de justicia hace que las vías de hecho florezcan como en ninguna otra parte del planeta. De hecho, sostiene de Rule of Law que en la teoría Colombia está muy bien en cuanto a su ingeniería constitucional (tridivisión de poderes, autonomía judicial etc…) y, en materia de defensa a los derechos humanos sus estándares son positivos, excepción hecha de la defensa a la vida. Sin embargo, el barómetro de las Américas demuestra que los colombianos no queremos ni creemos en nuestra justicia (tan sólo el 51.8% de los colombianos cree en la justicia), y los pavorosos inventarios de mora en expedientes que arrojan los informes de nuestro Consejo Superior de la Judicatura (siguen entrando más expedientes que egresando) hacen presagiar que durante el próximo siglo y medio, la situación, tal y como van las cosas, no va a cambiar.
De manera que la reforma a la justicia es una necesidad tan sentida como apremiante. Sin administración de justicia no hay Estado que se pueda llamar civilizado, por más boom económico y por más exitosa que sean la políticas de seguridad y defensa.
De hecho, los mismos estudios demuestran que la resocialización de nuestros reclusos es inexistente y que la única forma de evitar el hacinamiento carcelario es implantar políticas de choque que dejen en las calles a los más crueles criminales.
La negación a la justicia es la negación a la civilidad y al Estado de derecho y a pesar de ser tan cierto ello, nuestros gobernantes siguen tan campantes como impunes cuando de reformar la justicia se trata.
El hecho de que el pasado intento haya sido pésimamente concebido y temerariamente sepultado, no es óbice para que, cuanto antes, emprendamos la inaplazable recomposición judicial.
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