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Francisco Bernate Ochoa - fbernate@gmail.com jueves, 14 de febrero de 2013

Al inicio del presente Gobierno, el actual Presidente de la República hizo alusión a una serie de sectores, que serían los encargados de jalonar el desarrollo económico de nuestro país, mismos a los que denominó “las locomotoras”, para hacer un símil con el funcionamiento de los trenes. Sin embargo, pasa el tiempo, y vemos, por ejemplo que en materia de infraestructura, los avances son mínimos, frente a las expectativas que inicialmente se tenían.

Consideramos que, en el caso colombiano, su sistema legal, la cultura jurídica, así como la legislación que nos rige, tienen una gran responsabilidad en que diferentes sectores de la economía puedan despegar generando prosperidad y desarrollo económico para todos los colombianos. Contrario a lo que se esperaría, el derecho y las prácticas jurídicas nacionales se han convertido en el principal obstáculo para el desarrollo y la prosperidad económica de nuestro país. Pensemos en una obra cualquiera en Colombia. Para iniciar, se requiere cumplir con una gran cantidad de trámites, recopilar toneladas de documentos, y, ahora que se han limitado los anticipos, contar con un importante respaldo financiero que permita aspirar dentro de la respectiva licitación. A medida que avanza la construcción, encontramos entonces el inicio de múltiples investigaciones por todos los entes de control para todos aquellos que de alguna manera han estado relacionados con el proyecto en concreto. Meses después, contratistas y funcionarios de la entidad contratante tendrán que ocupar su tiempo en asumir sus propias defensas, y muchos de ellos terminarán, como no, en la cárcel, cuando apenas están siendo investigados. Y la obra? Paralizada. Pareciera entonces, que el sistema legal colombiano, en vez de ser un facilitador del desarrollo económico es un impedimento para el mismo. En otras palabras, nuestras leyes e instituciones están establecidas, no para que crezcamos como nación, sino para hacer ese camino hacia el crecimiento cada vez más lento y tortuoso. En el sector público, la gran cantidad de trámites que hay que realizar para vincularse al mismo, así como el inmenso riesgo de resultar investigado y encarcelado por cumplir su función han generado el que hoy en día las personas más preparadas de nuestro país, se rehúsen a participar del manejo de lo colectivo, por simple temor, y aburrición frente a lo que se ha convertido ser un servidor público en Colombia. Y ahora, en lo privado, también se ha optado por criminalizar el manejo empresarial, llegando al absurdo de permitir la cancelación de la personería jurídica de las empresas por decisiones de sus administradores, como lo hace el nefasto estatuto anticorrupción recientemente aprobado entre nosotros, en medio de bombos y platillos, celebrando el que copiamos, literalmente, la legislación española sin detenernos a evaluar la necesidad de estas medidas y si conducen a resolver o no nuestros problemas como país. Por el contrario, creemos que es necesario simplificar los trámites, delimitar claramente las competencias de los entes de control y reconocer que hay abusos en su actuar. Así mismo, resulta imperativo revisar el sistema jurídico colombiano para que se convierta en un aliado del crecimiento desarrollo y no en su principal obstáculo.

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