martes, 26 de septiembre de 2017
El gerente de la firma CDO responderá mañana por la muerte de un joven
Con el derrumbe del Edificio Space hace cuatro años no solamente quedaron las víctimas materiales, quienes perdieron sus inmuebles tras la demolición de las residencias, sino también la duda sobre quién responderá por la muerte de Juan Esteban Cantor, una de las 12 vidas que se vieron interrumpidas por el derrumbe de la fase seis de la edificación.
El siguiente capítulo judicial sobre la responsabilidad tendrá lugar mañana, 27 de septiembre, en la audiencia en la que serán escuchados los representantes de la constructora CDO, Pablo Villegas, gerente de la firma, y María Cecilia Posada, directora de obra del Space. Esta noticia da muestra de la mala hora que enfrenta la familia Villegas, que enloda al exgobernador Álvaro Villegas.
El caso resuena por la cercanía de la captura en julio de Gustavo Villegas, exsecretario de seguridad de Medellín quien, al parecer, le brindaba información confidencial a jefes de estructuras delincuenciales como Rodolfo Rojas, alias ‘Pichi’, y Julio Perdomo, para favorecer el proceso de sometimiento a la justicia de la banda criminal Oficina de Envigado.
Cantor, estudiante universitario y residente de la construcción, fue la única víctima del Edificio Space no relacionada con las obras, mientras que por los demás fallecidos en la tragedia, nueve obreros y dos guardias de seguridad, ya precluyó la investigación.
En la última audiencia por la responsabilidad del deceso, celebrada el pasado jueves 21 de septiembre en el Palacio de Justicia de Medellín, el ingeniero Jorge Aristizábal, encargado del cálculo estructural del edificio Space y a quien se le atribuyó la responsabilidad de las fallas en la obra, afirmó que él confió “en que las pilas fueran construidas como se establecieron en el plano (...) El encargado de velar por la construcción es el constructor, es su responsabilidad”, en alusión a la constructora CDO, cuyos altos directivos Álvaro Villegas, Pablo Villegas Mesa e Ileana Arboleda Villegas habían recibido sanciones por la Superindustria por el hecho.
Sin embargo, en enero de 2017 la sanción les fue retirada y quedó vigente solamente para María Cecilia Posada, y Jorge Aristizábal.
LOS CONTRASTES
Ricardo Calvete MerchánAbogado penalista
“Desde el día a día de la imputación de cargos no pueden pasar más de 4,5 años hasta que se profiera sentencia en segunda instancia, de lo contrario se corre el riesgo de prescripción”.
David GrajalesAbogado Penalista
“Si al ingeniero Aristizábal lo hallan culpable podría iniciarse incidente de reparación y tendría que responder económicamente a los afectados. El otro escenario, muy posible, es que el caso prescriba”.
En el evento de mañana, Villegas y Posada comparecerán para contra argumentar la defensa de Aristizábal, quien afirmó que durante el proceso de construcción de la fase 6, que inició en 2010, le fue reportada una novedad: “un desprendimiento de un muro, un mortero de alta resistencia” y que “se presentaron derrumbes, detalles estructurales. El más grave, que empezó en la fundación R3, lo informó el ingeniero de suelos. Era un problema de suelos. Villegas y Posada eran conocedores de la falla”, subrayó el ingeniero.
Sobre el caso, según informó el diario El Colombiano, se espera que a fin de este mes se dicte sentencia, pero según explicó Ricardo Calvete, abogado penalista, dadas las demoras que normalmente conllevan los juicios orales y, además que, como informó RCN Radio, para 2016 se habían aplazado en cinco ocasiones, se corre el riesgo de que la investigación prescriba, por tratarse de un delito culposo en el que después de la imputación el tiempo para sentencia en segunda instancia es 4,5 años.
“Si el juicio oral no ha empezado y ya han pasado un par de años o más desde la imputación, el tiempo restante en ocasiones podría ser insuficiente”, concluyó Calvete.
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