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Colprensa lunes, 7 de octubre de 2019

Los programas pretenden mejorar las condiciones de vida de más de 6,6 millones de personas

La Misión de Verificación de la Organización de Naciones Unidas, ONU, resaltó los avances del Gobierno Nacional en la ejecución de la política de Paz con Legalidad, enfocada a estabilizar los territorios más afectados por la violencia y la pobreza, y a mejorar las condiciones de vida de más de 6,6 millones de personas.

“Los logros en la implementación del Acuerdo Final y la voluntad del gobierno en su cumplimiento corresponden a un esfuerzo integral y a un compromiso permanente”, señaló el consejero Presidencial para la Estabilización y la Consolidación, Emilio Archila, frente al informe trimestral de la Misión de Verificación de las Naciones Unidas comprendido entre el 27 de junio al 26 de septiembre del año en curso. Este será presentado en Nueva York el próximo 10 de octubre.

El informe reconoce los avances que se han presentado frente a los avances en diferentes frentes como el respaldo para el funcionamiento de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), el Catastro Multipropósito, la restitución de Tierras, la estrategia Formalizar para Sustituir, las reparaciones colectivas, la solución alternativa de controversias, la instancia de género, el fortalecimiento de la política antidrogas y la prevención del consumo.

Archila destacó el pronunciamiento del Presidente Iván Duque en Cartagena, según el cual, “llegó la hora para que en Colombia pasemos la página nefasta de haber dividido a los colombianos entre amigos y enemigos de la paz, por intereses políticos”.

“Avanzamos en proyectos productivos a excombatientes. Formalizamos los 16 PDET. Llevamos a las regiones los recursos de Obras por impuestos en más de $450.000 millones. Hemos formalizado 300.000 hectáreas e incluido más de 450.000 hectáreas en el Banco de Tierras. En la filosofía de la Paz con Legalidad, todo lo que podamos hacer por las regiones afectadas por la violencia, y lo que podamos hacer por las personas que transitan por el camino de la criminalidad, se hará. Ahí estamos nosotros”, señaló Duque, según citó el consejero Archila.

En cuanto a la implementación de Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (ETCR), el Secretario General felicita al Gobierno por su manejo responsable de la transición de los ETCR, y a la FARC por su papel constructivo. “Es importante que se sigan efectuando visitas conjuntas del Gobierno, la FARC y la Misión a otros antiguos espacios territoriales de capacitación y reincorporación y a las nuevas áreas. Ese proceso conjunto debería servir de ejemplo para superar, mediante el diálogo, los obstáculos en la implementación”, subraya.

Hoy, 3.100 excombatientes residen en antiguos ETCR. Según Naciones Unidas, “la reincorporación urbana está ganando relevancia, ya que un gran número de excombatientes residen en ciudades importantes como Bogotá (655), Villavicencio (211), Cali (206) y Medellín (202).” A la fecha, el gobierno ha aprobado 35 proyectos productivos y 431 proyectos individuales a más de 2.200 excombatientes.

Con respecto a los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial, el Consejero consideró altamente positiva la visión de la Misión de la ONU sobre la manera como el actual gobierno ha impulsado estas iniciativas.

Para el Gobierno, los PDET son la herramienta esencial de transformación de la vida de 6,6 millones de personas que habitan el 36% del territorio nacional; son las regiones tradicionalmente golpeadas por la violencia, la pobreza, la ausencia estatal, el narcotráfico y otras economías ilegales.

Finalmente, el Gobierno Nacional está trabajando en un plan de transparencia y seguridad para finales de este mes, con el fin de garantizar la seguridad en los procesos electorales y la protección de líderes sociales.

Adicional a todas las medidas de protección a los candidatos, están en marcha acciones como el Grupo de Reacción Inmediata, la Ruta Especial de Protección para Candidatos, el Centro de Inteligencia Electoral, entre otros.

Programa de Sustitución de Cultivos Ilícitos
La ONU menciona en su informe que desde agosto de 2017 se han sustituido voluntariamente 37.629 hectáreas de coca de las 60.070 hectáreas registradas por 99.097 familias. Un total de 24.246 familias ha recibido su año completo de pagos provisionales, y 60.731 han recibido asistencia técnica. Según cifras de la Oficina de las Naciones Unidas contra la droga y el Delito, UNODC, el 94 % de las familias cumplen los compromisos voluntarios de erradicación.

Finalmente, el Consejero Emilio Archila agradeció las expresiones de apoyo al proceso en Colombia por parte de Carlos Ruiz Massieu, jefe de la Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Colombia, y en cabeza de él a toda la comunidad internacional.

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