La política de discapacidad no es de caridad

En este sentido, la Constitución Política señala en su Artículo 47, que  “El Estado adelantará una política de previsión, rehabilitación e integración social para los disminuidos físicos, sensoriales y síquicos, a quienes se prestará la atención especializada que requieran”.

Este artículo plantea un trato especial para una población específica que se encuentra en condiciones de debilidad manifiesta, como una obligación constitucional que se impone al Estado y que debe traducirse en un compromiso presupuestario para su atención, así como en una política permanente. 

En este sentido, la obligación del Estado de implementar una política de rehabilitación e integración social, es el fin último del Estado con la población con discapacidad, sin embargo, no creemos que la manera correcta de hacer inclusión social, sea con la mendicidad, perjudicando el imaginario social de la discapacidad. 

De acuerdo con la concepción de nuestro Estado Social de Derecho, es el Gobierno el que debe desarrollar la política pública de discapacidad, por esto la Ley 1145 de 2007 creó el Sistema Nacional de Discapacidad, con enfoque de derechos, como se puede observar en el objeto de la Ley.

Por esta razón, el actual Gobierno consagró en el artículo 176 del Plan Nacional de Desarrollo, “Prosperidad para Todos”, Ley 1450 de 2011, el mandato de diseñar  la política pública de discapacidad, para garantizar su inclusión social.

En desarrollo de este mandato, el Gobierno aprobó el Documento Conpes 166 de 2013 del Consejo Nacional de Política Económica y Social,  que rediseña la política actual de discapacidad, trascendiendo las políticas de asistencia o protección, hacia políticas de desarrollo humano con un enfoque de derechos. 

El objetivo central del citado Conpes, es “Garantizar el goce pleno, y en condiciones de igualdad, de todos los derechos humanos y libertades fundamentales de las personas con discapacidad, a través del fortalecimiento de la implementación de la Política Pública Nacional de Discapacidad e Inclusión Social”. 

Las cinco estrategias de esta política según el Conpes, son: estrategia para la transformación de lo público, garantía jurídica, participación en la vida política y pública, estrategia para el desarrollo de la capacidad y la estrategia para el reconocimiento de la diversidad.

Igualmente, el Gobierno elaboró e impulsó la aprobación de la Ley estatutaria de discapacidad 1618 de 2013, que tiene como objetivo, el ejercicio efectivo de los derechos de las personas con discapacidad, esto es que no solo se consagra la garantía retórica de los derechos como en anteriores normas, sino, que se avanza en el concepto de ejercer o disfrutar en la práctica del derecho por lo que se acude a las medidas de inclusión, acciones afirmativas, ajustes razonables y a la eliminación de la discriminación por razón de discapacidad, para el logro efectivo de esas consagraciones jurídicas.

Toda esta nueva política, considera que el primer paso para la inclusión efectiva de la población con discapacidad, es reconocerles su titularidad de derechos, que obligan al Estado a garantizar su ejercicio, cambiando la lógica de los procesos de elaboración de políticas, para que el punto de partida no sea la existencia de personas con necesidades que deben ser asistidas, sino sujetos con derecho a exigir prestaciones y conductas en un marco de deberes y de corresponsabilidad. 

En este sentido, la discapacidad en Colombia está retrocediendo 20 años, al volver a realizar la llamada Teletón, que de acuerdo a la concepción de nuestro Estado Social de Derecho, no tiene la misma orientación,  pues es el Gobierno el que debe desarrollar la política pública de discapacidad, como lo viene haciendo  con el Documento Conpes 166 de 2013 y demás instrumentos de política.

No es propio de las políticas públicas, continuar con las prácticas sociales que a lo largo de nuestra vida nos han rodeado, la rifa para la silla de ruedas, el bazar para pagar la operación, la natillera para las muletas y el bingo para los niños con discapacidad.

En conclusión, confiamos en las políticas públicas de discapacidad del actual Gobierno, con la concepción de las personas con discapacidad como sujetos de derechos, para que verdaderamente se apliquen las políticas para el sector, no con jornadas que perpetúan el imaginario social de caridad de la discapacidad.