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martes, 22 de diciembre de 2020

Los fondos usados por la institución hacen parte de un préstamo que otorgó el Banco Interamericano de Desarrollo (BID)

La Procuraduría General de la Nación se ha enfocado en su proceso de digitalización en los últimos meses. Para tal propósito invirtió más de $59.700 millones que hacen parte de un préstamo otorgado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Los recursos le permitieron a la entidad realizar varios cambios en sus procesos, bajo el propósito de estar más cerca de la ciudadanía. Uno de esos fue la consolidación de un contrato con el consocio conformado por Ernst & Young y BICODE para realizar un modelo de gobierno de datos, datos abiertos e inteligencia de negocios y analítica.

Por otro lado, se expidió la Resolución 211 del 14 de mayo de 2020 con la que se creó la Unidad de Gestión de Información e Inteligencia de la Procuraduría, que le permitió a la entidad tener una mayor gestión de la información así como la aplicación de técnicas de ciencia de datos.

Estas y otras de las herramientas habilitadas le han permitido a la Procuraduría cambiar la forma en que ejecuta su misión, así como presentarse de forma anticipada a escenarios en los que se puedan vulnerar los derechos de los ciudadanos con delitos de corrupción o fallas en la gestión pública.

Entre las medidas notorias de la entidad se encuentra la aplicación del BlockChain para vigilar los contratos del Programa de Alimentación Escolar, PAE, que ha sido reconocido por el Foro Económico Mundial como una buena práctica para proteger la alimentación de la niñez colombiana.

La Procuraduría le apuesta a implementar mayor tecnología en sus procesos como el uso de inteligencia para visualizar fallos judiciales, o la lectura ágil por medio de Bot´s, entre otras medidas que han favorecido a la institución y ciudadanía que requiere de sus servicios o información.

El uso de estas herramientas le ha permitido a la entidad evitar casos de corrupción en contratos, especialmente durante esta época de pandemia con más de 800 investigaciones disciplinarias en proceso por irregularidades de funcionarios públicos.

La Procuraduría espera que este proceso de digitalización represente la implementación de mejores prácticas para el próximo año que ayuden a velar por la protección de los derechos de los colombianos.

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