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Teresita Celis - tcelils@larepublica.com.co jueves, 21 de junio de 2012

La conciliación de los textos de la Reforma a la Justicia, aprobada el pasado miércoles por la Cámara y el Senado, está, precisamente, muy lejos de ser una conciliación, porque lo que levantó en el país fue polémica e indignación en muchos sectores que consideran que el remedio resultó peor que la enfermedad. Algunos dicen que lo que se hizo fue una reforma política.

Tal ha sido el revuelo, que están anunciadas demandas al texto aprobado e incluso se instaló un primer comité promotor de un referendo revocatorio, que, según la Registraduría del Estado Civil, le puede costar al país unos $140.000 millones.

Las voces, casi todas en contra, han llegado de todos lados, mientras el ministro de Justicia, Juan Carlos Esguerra, señala que el Gobierno está de acuerdo con la mayoría de los puntos de la reforma, pero aclaró que está en desacuerdo con otros. Por ello el Gobierno no descarta demandar algunos aspectos de la reforma.

'Quisiera dejar unas constancias en nombre del Gobierno sobre ciertos temas que surgieron de la conciliación de ayer (miércoles). No nos llena de felicidad ni remotamente la forma como quedó establecido el régimen de la pérdida de investidura, tampoco lo que se dispuso en relación con el director de la rama, tampoco lo que se estableció en relación con algunos otros aspectos, que se hubieran eliminado algunas causales para la pérdida de investidura', afirmó el Ministro.

Pero esto no calma las reacciones. 'La decisión que tomó el congreso afecta en forma severa la vida nacional, en tanto que creó un régimen para congresistas cambiando por completo el establecido por la Constitución del 91. Así, se supone que lo que sería una reforma a la justicia se convirtió en una reforma política', señala el presidente del Consejo de Estado, Gustavo Gómez. El Magistrado es claro en señalar en que la reforma creó ambigüedades, dejó vacíos, incertidumbre, dualidades y crisis.

'En el campo de la rama judicial se creo un órgano poco definido: son tres niveles de administración que son el consejo nacional o de gobierno que trae ambigüedades delicadas. Además de eso, trajo una junta administrativa y director ejecutivo.

Lo grave es que esos tres órganos tienen funciones análogas y el más importe es el consejo de gobierno y lo integran personas que no tienen permanencia en el cargo como los presidentes de las Cortes, que no tienen experiencia en administración pública, manejo presupuestal y financiero.

En cuanto a la dualidad de funciones emerge la dificultad de no saber quién tiene qué función', agregó. Gómez indicó que en el estatuto del congresista prácticamente se acabó con la pérdida de investidura porque se creó una fórmula casi inaplicable y reiteró que se estableció un organismo a su juicio parajudicial de una naturaleza extraña, una sala con 17 magistrados, para aplicar juzgamiento penal y disciplinario a los llamados aforados constitucionales.

En este punto, se ha criticado, que la reforma, que no establece proceso de transición, da pie a que los procesos actuales contra aforados como de ex ministros y ex funcionarios, se caigan en casos como de Agro Ingreso Seguro, las chuzadas y el carrusel de las contrataciones. Un primer efecto es que ayer la defensa de Bernardo Moreno, procesado por las chuzadas, pidió su libertad.

'Eso merma la independencia de la rama judicial y rompe una tradición de más de 100 años de respeto a la justicia', agregó. La directora de la Misión de Observación Electoral (MOE), Alejandra Barrios, señaló que la enmienda constitucional no se debe calificar como unos cambios a las normas judiciales, sino una 'contra-reforma política.

Frente a la eliminación de la violación del régimen de inhabilidades, como causal de pérdida de investidura, dijo que entre 1991 y mayo del 2012, de las 53 pérdidas de investidura decretadas, 21 han sido por esta causal.

Asimismo la MOE criticó la no aplicabilidad de la muerte política para el congresista como la pena máxima y considera que lo aprobado en la reforma, señalando que en caso de presentar una denuncia contra un congresista y la misma no prospere se impone el pago de las costas del proceso al ciudadano, desincentiva la presentación de las demandas. Con esta reforma quedan paralizados al menos 50 procesos de pérdida de investidura que deberán repartirse entre las secciones del Consejo de Estado, para fallo de primera instancia.

Antecedentes El Polo Democrático, el sindicato de la Rama Judicial, organizaciones de estudiantes, entre otros sectores están buscando y promoviendo un referendo revocatorio de la Reforma a la Justicia que fue aprobado en el Congreso. Según la Registraduría del Estado Civil, éste implica recoger firmas en los próximos seis meses y deben corresponder al 5% de los colombianos que están en el censo electoral, que equivale a alrededor de 10 millones. Adelantar este trámite, en el que los colombianos son los que deciden, puede llegar a costar unos $140.000 millones. Se debe conformar un comité promotor.

 

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