SIC
lunes, 1 de febrero de 2021
De acuerdo con la autoridad, se demostró que la compañía incurrió en varios incumplimientos de las normas de protección al usuario
La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) impuso a Muebles y Accesorios una multa de $545 millones por incumplir las normas que regulan la calidad del servicio de postventa, la garantía, las promociones y ofertas, las cláusulas abusivas en los contratos de adhesión, las obligaciones del comercio electrónico, el derecho de reversión de pago, y la inobservancia a las órdenes impartidas con anterioridad por esta Superintendencia.
De acuerdo con la autoridad, en la investigación se demostró que la empresa incumplió "de manera permanente y continua" con los tiempos de entrega de los productos, y la entrega parcial de estos. Además, se probó que la empresa "no informó de manera veraz, suficiente y precisa a los consumidores" sobre los horarios y tiempos de entrega, cobrando asó sumas adicionales por estas.
Además, se estableció que Muebles y Accesorios no entregó información veraz en la publicidad de los productos que ofrecía, al incluir la etiqueta "entrega inmediata" cuando, en realidad, se entregaban en un rango de tres a ocho días. También, que emitieron varias promociones sin informar los términos, condiciones y restricciones para acceder a los incentivos, ni las fechas de vigencia de las mismas.
Lo anterior, sumado a que incluyó disposiciones "a través de las cuales desconoce la responsabilidad que le corresponde en relación con la garantía legal, al tiempo que incluyó en sus contratos cláusulas abusivas que presumen la manifestación de la voluntad de los consumidores, a través de las cuales les crea erogaciones por concepto de depósitos de mercancías cuando no es posible la entrega del producto por causas atribuibles a los consumidores, sin explicarles las circunstancias y el procedimiento para ello".
Asimismo, se estableció que la empresa no informó "de forma cierta, fidedigna, suficiente, clara y actualizada", las características de los productos ofrecidos en su comercio electrónico, la escala en la que estaban representadas las imágenes, ni el procedimiento para que los usuarios hicieran efectivo el derecho de retracto.
Tras todo lo anterior, la SIC determinó que, además de la multa, debía impartirse una orden administrativa para evitar daños a los consumidores, obligándolos a modificar varias cláusulas de sus documentos oficiales.
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