El Superintendente de Industria y Comercio, Pablo Felipe Robledo Del Castillo, sancionó a dos comerciantes de Corabastos, por haber coludido en una licitación pública adelantada por el Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud (IDIPRON), que tenía por objeto la adquisición de abarrotes.
Las sanciones impuestas en esta investigación a Héctor Alberto Hernández Hernández y Orlando Ramírez Gómez, alcanzan un monto de $915 millones equivalentes a mil quinientos cincuenta y dos salarios mínimos legales mensuales vigentes (1.552 SMLMV) los cuales se diviendo en $388.178.183 y $526.939.315 respectivamente.
La SIC encontró pruebas que permiten concluir que los dos acusados realizaron una estrategia para realizar ofertas previamente concertadas que garantizaran la adjudicación del contrato a alguno de dichos oferentes.
Según la OCDE las adquisiciones del sector público representan en promedio el 15% del Producto Interno Bruto (PIB) de un país, lo que convierte a la contratación pública en un componente importante de la actividad económica.
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