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jueves, 11 de junio de 2020

La compañía respondió que cumplirá con todas las peticiones de la Dirección para velar por los derechos de los consumidores

La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) impartió una orden administrativa contra Falabella debido a las posibles irregularidades en la entrega de los productos que han sido adquiridos por los consumidores a través de su página web.

Según determinó la SIC, se estarían vulnerando los derechos de los consumidores, especialmente, desde el 25 de marzo cuando inició la cuarentena obligatoria y se incrementó el comercio electrónico.

A partir de esa fecha, se incrementaron las denuncias y reclamaciones contra la compañía debido al incumplimiento en las fechas de entrega de los productos, reprogramaciones y cancelaciones de órdenes de los consumidores.

La SIC señaló que también recibieron quejas frente a presuntas irregularidades en los canales de atención de Falabella, hecho que habría impedido el derecho a la reclamación por parte de los consumidores, en especial, frente a todas las inconformidades presentadas.

Así, para garantizar los derechos de los consumidores, la SIC le solicitó a la compañía realizar una serie de cambios en su plataforma virtual para que exista mayor claridad en la información que se le brinda a los usuarios sobre sus pedidos.

En adelante, la compañía deberá informar sobre las demoras en los envíos, facilitar la posibilidad de solicitar la devolución del dinero o velar por cumplir el derecho a la reclamación y atención oportuna a quejas y reclamos. Además, también deberá optimizar los tiempos de respuesta a los consumidores y ajustar las fechas de entrega teniendo en cuenta la capacidad actual, entre otros.

“Acataremos cada una de las indicaciones de la Superintendencia y seguiremos atendiendo y respetando las disposiciones del Estatuto del Consumidor y demás regulaciones del ordenamiento jurídico colombiano, como ha sido nuestra costumbre desde que operamos en Colombia”, respondió en un comunicado Falabella.

En caso de que se incumplan las órdenes impartidas por la entidad, esta podría incurrir en multas de hasta 1.000 salarios mínimos (unos $877 millones).

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