La Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada inició purga de licencias
Entre las empresas incluidas en el listado entregado por la Superintendencia se encuentran OL Security Group Ltda., 360 Grados Seguridad Ltda., Marshall Security Ltda., entre otras
15 de abril de 2026La Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada informó que ordenó la suspensión de 31 licencias de funcionamiento a empresas bajo su competencia, por motivos administrativos en algunos casos y, en otros, como resultado de investigaciones en las que se revisa una posible infiltración criminal en determinadas compañías.
“Todas las actuaciones se adelantan garantizando el debido proceso, pero bajo una postura firme frente a cualquier irregularidad. El patrón identificado muestra empresas que obtienen licencias legales para operar, pero posteriormente ponen personal, armas o recursos al servicio de organizaciones ilegales”, explicó el superintendente Larry Álvarez.
La Superintendencia entregó el listado de las 31 empresas suspendidas y aclaró que, aunque inicialmente se relacionaron con presuntas actividades ilícitas, no todas corresponden a cargos asociados a delitos. Algunas de ellas enfrentan únicamente procesos administrativos o documentales, como declarar armas en sedes no autorizadas, registrar domicilios inexistentes o presentar inconsistencias en la información del Sarlaft.

Al ser consultada sobre la posibilidad de conocer qué proceso se adelanta en cada una de las compañías -o cuáles están relacionadas con temas delictivos y cuáles con asuntos administrativos-, la entidad señaló que no puede revelar esa información, dado que hace parte de la reserva del proceso de investigación.
Entre las empresas incluidas en el listado entregado por la Superintendencia se encuentran OL Security Group Ltda., 360 Grados Seguridad Ltda., Marshall Security Ltda., WS Security International, Seguridad Securbel, Seguridad Sara, Colombian Security Patrol y Vigilancia Nacional y Seguridad Vinalseg (listado completo en el gráfico). Al revisar su ubicación geográfica, se evidencia presencia de sedes en 17 ciudades del país, con una alta concentración en Bogotá, donde 22 de estas compañías tienen sede.
No obstante, Álvarez Morales precisó que, dentro de las decisiones adoptadas en el marco de la investigación, ya se tomaron medidas definitivas contra dos empresas: Atenas Seguridad Privada Ltda y Maximus Seguridad Privada Ltda, ambas con sede en Barranquilla. A estas se les canceló la licencia en fallo de primera instancia, tras verificar la existencia de armas autorizadas vinculadas a hechos delictivos y personal relacionado con estructuras criminales. Además, advirtió que estas prácticas “podrían estar asociadas a delitos como el lavado de activos y otras economías ilegales, lo que refuerza la gravedad de los hallazgos”, según indicó en un comunicado.
“En este momento hay 31 empresas a las que les hemos suspendido la licencia y algunas, incluso, ya cuentan con decisión de primera instancia de cancelación. Esto obedece a la información recabada, a las pruebas y a indicios de una presunta infiltración de actores criminales en el sector. De ninguna manera vamos a seguir permitiendo esto”, detalló el superintendente.
Álvarez destacó que todas estas investigaciones se adelantan dentro de un proceso administrativo sancionatorio, en el que los involucrados pueden ejercer su derecho de defensa y contradicción.
“Lo que hay aquí es una superintendencia comprometida con evitar que se repitan situaciones que el país ya conoció en el pasado. Esto ha sido posible gracias a un nuevo enfoque en nuestro modelo de inspección, vigilancia y control, en el que también estamos revisando otros factores”, agregó.
En total, en el sector de vigilancia, la entidad ha impuesto 280 sanciones que superan los $9.000 millones. Además, advirtió que esta cifra podría aumentar en los próximos días hasta 400 o 500 sanciones adicionales, dado que continúan las revisiones por inconsistencias en la información y falta de claridad en los datos financieros de algunas empresas.
“Todo esto es el resultado de un ejercicio coordinado con el sector defensa, con el Departamento de Control y Comercio de Armas, y del trabajo de un Estado y un Gobierno comprometidos con la seguridad y la convivencia de los colombianos”, concluyó.
Antecedentes
Luego de la publicación del listado elaborado por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, el presidente Gustavo Petro comentó “se han suspendido 31 empresas de seguridad, muchas porque eran fachadas de bandas criminales. No puede haber un estado que arme a los criminales. El paramilitarismo fue armado precisamente por la superintendencia de seguridad cuando les dio permisos legales a sus convivir y 20.000 armas”.
¿Quiere publicar su edicto en línea?
Contáctenos vía WhatsApp



