miércoles, 26 de abril de 2017
El reciente documento firmado por ese ente tiene como objetivo solicitar suministros logísticos para el desarrollo de los eventos de ese organismo público. Sin embargo, en él también se especifica que se le ofrecerá la “prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión de la entidad”.
AL se dio a la tarea de investigar el contrato y encontró en el Sistema Electrónico de Contratación Pública (Secop) que del total del acuerdo, $235.200 millones fueron donados por la BM CCPC en motivo de fortalecimiento institucional.
Sobre esta unidad se conoció que la Sociedad de Activos Especiales le transfirió $1.900 millones que corresponden a la productividad de los bienes del Fondo para la Rehabilitación, Inversión Social y Lucha Contra el Crimen Organizado.
Más allá de ese contrato, tal y como se informó el pasado 22 de abril, está que la Registraduría General del Estado Civil firmó un documento con la empresa de los Prieto por más de $396.797 millones por contratar la prestación de servicios “para difundir asuntos relacionados con la inscripción de cédulas para las elecciones legislativas y presidenciales de 2018 mediante la elaboración y ejecución de un plan de medios que incluya cuñas de radio nacional y regional, estrategias en redes sociales y estrategias en portales digitales, de conformidad, con las especificaciones descritas en el estudio previo”, según señala el acuerdo número 017 de 2017.
Estas dos últimas entidades siguen nutriendo la lista de organismos públicos que, según el último informe de la Procuraduría General de la Nación, pudieron haber entregado más de $84.560 millones a la firma de comunicaciones.
Aunque por el momento la mayoría de los contratos entraron en una investigación preliminar por parte de la Fiscalía General de la Nación, el exfiscal General de la Nación, Alfonso Gómez Méndez, señaló que hay que ”evaluar si existe algún proceso que merezca sanción de tipo penal”.
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