• Juliana Ramírez Prado

martes, 24 de febrero de 2015

No hay una buena capacidad administrativa, tiene mucho presupuesto y poca ejecución, una estructura para abogados y no para ciudadanos, hay descoordinación, choque de trenes, así como múltiples niveles sin funciones claras, fueron algunas de las críticas.

Juan Fernando Cristo, ministro del Interior, destacó que “dicha reforma tiene un hilo conductor que busca llegar a la recuperación de la confianza institucional y por ello en cada uno de los artículos relacionados con la justicia se encontrará la remoción de un elemento que ha contribuido a afectar la imagen de la institución y dejar entre dicho su independencia”.

La sala administrativa del Consejo Superior de la Judicatura fue ideada por la constitución del 1991 con tres propósitos básicos: ser un organismo independiente, representativo de las altas cortes y que se tratara de una institución con garantías para posibilitar que sus decisiones fueran respetadas y acatadas por los más altos niveles.

Sin embargo, Yesid Reyes, ministro de Justicia, explicó que las  buenas intenciones del constituyente no se materializaron como se esperaba. La segunda y tercera razón obedece a que “la independencia resultó en una autarquía y  descoordinación y el propósito de contar con voces representativas de diversas cabezas del poder judicial en un solo órgano  desencadenó disputas  al interior de la rama por intereses personales”.

Cristo comentó que la eliminación de dicho órgano pretende atender el clamor reiterado de cambiar el sistema de gestión, dividir las funciones de gerencia de la rama que hoy se concentran en la sala, para así avanzar en una administración eficiente en su conjunto. “Su estructura fue planteada desde los abogados y no desde la ciudadanía y el nuevo sistema deberá facilitar el acceso a la justicia y la eficacia de la prestación del servicio ”, agregó.

Helena Alviar García, decana de la Facultad de Derecho Universidad de los Andes, explicó que “este estaría conformado por tres niveles de administración y que busca cumplir todas las tareas que la sala administrativa no ha podido realizar, modificando los mecanismos de elección de magistrados de las altas cortes y cambiando la reglas  del cargo”.

El hecho de que los integrantes de dicha sala tuvieran no solo la denominación de magistrados sino que los requisitos para acceder a los cargos fueran similares a los previstos en las altas cortes, terminó con hacer creer a algunos miembros que hacían parte de un órgano judicial con fusiones de deliberación  y decisión equiparables a los de la sala disciplinaria. Lo anterior contribuyó a una ineficiente gestión de la rama, comenta Reyes. El funcionario recalcó que se ha generado  una responsabilidad difusa por la gestión desarrollada, ya que existen múltiples niveles sin división clara de responsabilidades (hay unidades paralelas que cumplen las mismas funciones) y no hay líneas de jerarquía. Aún persisten más de 6.500 cargos de descongestión y aunque el Gobierno aprobó $500.000 millones para que a partir de este año se diera una conversión gradual en cargos permanentes, la sala administrativa no presentó la propuesta.

El poder judicial es hoy la empresa pública más grande  de Colombia, pues con la Fiscalía suman casi 50.000 empleados y  más de $12 billones de presupuesto, concluyó Cristo.

Antecedentes
Entre los puntos que causan más controversia en la reforma de equilibrio de poderes, de acuerdo con Germán Bula, magistrado del Consejo de Estado, se encuentran  el artículo 178 que crea un tribunal de aforados sin un estudio previo. Además el Magistrado aseguró que la propuesta no resuelve el tema de la junta directiva permanente que además tomaría decisiones administrativas y operacionales en forma colegiada pues estas juntas no existen.  Así mismo, dicha iniciativa del ejecutivo genera “duda sobre la incapacidad estructural  del diseño para que dicha junta pueda servir de apoyo a la rama judicial y a su dirección hacia la excelencia”.

Las opiniones

German Bula Escobar
Magistrado del consejo de estado
“El gran logro es que no será administrada por abogados, pero yo conozco a muchos abogados excelentes administradores como Juan Camilo Restrepo que en el Ministerio de Hacienda blindó a la banca colombiana en relación con los hechos del siglo pasado”.

Armando Benedetti
Senador de la república
“Si se está buscando una autonomía dentro de la Rama y se nombra un director ejecutivo que tiene un periodo fijo de aproximadamente cuatro años pues esa persona va a ser el funcionario más poderoso; eso se podría revisar”.