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Natalia Arteaga - narteaga@larepublica.com.co lunes, 11 de agosto de 2014

La ‘bomba’ de InterBolsa no deja de sonar y ayer se conoció un informe que se entregó al Fiscal General, y por el cual se espera una imputación formal de cargos por captación masiva de dinero, negativa de reintegro, estafa y concierto para delinquir, delitos que obligarían a los implicados a pagar cárcel con condenas entre 12 y 20 años, según expertos.

Juan Carlos Ortiz, Tomás Jaramillo Botero, Víctor Maldonado, y sus representantes legales, Claudia Patricia Aristizábal, Natalia Zuñiga y Ricardo Martínez serían las cabezas sobre quienes recaerían las imputaciones del proceso que hasta ahora, es de carácter administrativo, para que tenga implicaciones penales.

Explica Jaime Granados, abogados de algunas víctimas del Fondo Premium que cada ‘salpicado’ podría recibir una condena de 20 años. “El rango mínimo es de 10 años, pero espero que se trabaje sobre el tope máximo, por la gravedad de los delitos, en especial por el de captación masiva”.

Otro experto que cree que la condena debería ajustarse al tiempo máximo, de encontrarse culpable a los protagonistas del desfalco financiero más ‘sonado’ que ha conocido el país, es Otoniel Camargo, abogado penalista, quien segura que ahí “hubo dolo y conciencia del delito que se estaba cometiendo”.

En el informe revelado ayer quedó claro que a través de Premium Capital Investment Advisor, se estuvo promocionando el Premium Capital Apreciation Fund, razón por la cual se estaba captando dinero por medio de la sociedad comisionista.

El documento también establece que el dinero entregado por los inversionistas a la organización, no estaba llegando directamente a Curazao, sino que se entregó a las firmas Rentafolio Bursátil y Valores Incorporados, creadas para realizar inversiones del Fondo Premium que beneficiaron directamente a Alesandro Corredori y su empresa Invertácticas, así como a Helados Modernos, Tres Palmas y Malta de Maldonado. Figura también Ecocafé, propiedad de Ortiz, entre otras. Se e habrían ‘embolatado’ más de $95.000 millones.

Aunque el caso lleva más de dos años y Granados presentó una demanda, ante el ente dirigido por Eduardo Montealegre, con las irregularidades de los balances financieros y contables que se habrían generado al interior de InterBolsa, el proceso avanza a paso lento. La Fiscalía dejó claro que imputará los cargos a los mencionados, pero aún no lo ha hecho.

“El trámite legal no se hará formal hasta que la Fiscalía no presente una solicitud clara ante un juez de control de garantías, que deberá ser radicada en el Centro de Servicios Judiciales de Paloquemao en Bogotá. Hasta ayer que hice la revisión pertinente no aparecía en el sistema la radicación mencionada”, señaló el abogado defensor de las víctimas. Ante lo expuesto por Granados, LR se comunicó con el órgano judicial y se explicó que la radicación no se ha dado por dos razones principales. La primera, según el ente, corresponde a la reconstrucción que se le tuvo que hacer al informe financiero presentado por el abogado de las víctimas del Fondo Premium , que no estaba muy claro; y la segunda, a que se estarían solicitando pruebas en el exterior a países como Panamá y Curazao, lugares donde los implicados tendrían bienes en las que se habría movido plata de InterBolsa. En la Fiscalía estiman que las pruebas requeridas para presentar el proceso ‘completo’ en Paloquemao, estarían en Colombia en unos 15 días, la fecha es incierta, así como también lo es la de la formalización de la imputación.

“El fiscal general, Eduardo Montealegre, se comprometió con el país a que antes de que termine este año, la Fiscalía formalizará dicho trámite, pero no tenemos ‘legalmente’ un tiempo límite para hacerlo”, señalaron fuentes cercanas al proceso.

La demora no solo está en la radicación de las imputaciones, sino en que, asegura Granados, una vez cerrado este primer trámite, se pueden tardar años en dar una solución definitiva al caso.

“El hecho ocurrió hace más de dos años, las denuncias las realicé hace un año y medio y hasta la fecha no hay imputación formal. Se han tardado mucho y una vez se radique la solicitud, la investigación podría tardar entre tres y cuatro años más”.

Dice Francisco José Sintura, ex vicefiscal general de la Nación, que la imputación será un escalón más que subirá la Fiscalía en la condena de los responsables y que cree que la investigación se ha ido construyendo con testigos que firmaron acuerdos de responsabilidad, mediante los cuales se estaría esclareciendo la situación.

“El caso no solo se dará desde lo administrativo, que es lo que ha venido manejando la Superintendencia de Sociedades, sino que ahora se involucrará a la justicia penal y los responsables podría pagar cerca de 12 años de cárcel, si les va bien”.

Las Opiniones

Francisco José Sintura
Ex vicefiscal general de la Nación

“Lo nuevo podría estar en que la Fiscalía ha venido identificando a lo largo de la investigación a los autores de dichos delitos, se está avanzando hacía la condena que podría ser de unos 12 años. Hay implicados que hicieron acuerdos de responsabilidad y de ahí podría provenir la evidencia”.

Francisco Bernate
Abogado de Juan Carlos Ortíz

“Lo de la imputación de cargos no es nuevo, ya sabíamos que eso iba a suceder aunque todavía no es oficial. Nuestra actitud frente a la nueva etapa es de colaboración total con la justicia, de presentarnos a las citaciones debidas ante la Fiscalía para tratar de explicar lo que sucedió”.

Jaime Granados
Abogado de víctimas del Fondo Premium

“La imputación no se hará formal hasta que la Fiscalía no presente una solicitud ante un juez de control de garantías, que deberá ser radicada en el Centro de Servicios Judiciales de Paloquemao en Bogotá. Hasta ayer no aparecía la radicación en el sistema”.

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