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Colprensa martes, 15 de diciembre de 2015

El acuerdo anunciado este lunes en La Habana hace precisiones sobre la Jurisdicción Especial de Paz, aunque su esencia es la misma conocida en septiembre pasado. En entrevista con Colprensa, el ministro de Justicia, Yesid Reyes, explica el acuerdo y señala que cree que en efecto se alcanzará a firmar el fin del conflicto el 23 de marzo de 2016, fecha límite que fijó el presidente de la República, Juan Manuel Santos. 

- ¿Cuál es la importancia del Acuerdo de Víctimas? 
Primero queda absolutamente claro que las Farc aceptan someterse a una jurisdicción del Estado colombiano; aceptan que están expuestos a ser declaradas responsables por la comisión de delitos y aceptan que cumplirán las sanciones que les sean impuestas. Segundo, desde el punto de vista de la reparación, es importante que las FARC han aceptado participar en la reparación integral de las víctimas, que incluye un componente de reparación material. 

- Se reconocen entonces como victimarios... 
Se reconocen como victimarios y aceptan su obligación de reparar, en esa condición, integralmente a las víctimas. 

- Ese cambio es fundamental. No es un proceso de paz que termina solo en amnistías... 
Es muy importante. Muchos procesos de paz en el mundo han sido criticados por terminar con leyes de punto final y amnistías o indultos generales. En este caso, lo que han hecho las Farc es aceptar su comparecencia ante un Tribunal, someterse a las leyes colombianas. 

- ¿Se estableció cómo será la reparación? 
La reparación en general sí; hay siete puntos. En concreto las Farc van a participar no solamente en actos generales y colectivos de reconocimiento, como el que ocurrió hace poco en Bojayá (Chocó), sino que van también a contribuir con trabajos de desminado, de recuperación de daños ambientales, de erradicación y sustitución de cultivos ilícitos, con reparaciones de infraestructura y con una reparación material. 

- ¿A qué se refiere esa? ¿Entregaran dinero y bienes? 
A todo lo que no sea reparación de naturaleza simbólica. Los detalles de cómo va a ser esa reparación material de las Farc y de cómo se hará, serán parte del Acuerdo Final que se suscriba el año entrante. 

- Esa reparación material, en caso de que las Farc no tengan los recursos para hacerla, ¿la hará el Estado? 
Está previsto en el Acuerdo ese principio general, que ya opera en otros ámbitos, en el sentido de que si una persona individualmente condenada no tiene cómo hacer la reparación económica, el Estado puede asumirla de manera subsidiaria. 

- La Jurisdicción Especial de Paz tendrá varias salas. ¿Cuáles serán? 
Hay cinco salas: una de aceptación de responsabilidades; una de amnistías e indultos; otra de definición de situación jurídica; otra de investigación y acusación y, finalmente, el Tribunal para la Paz, que será el encargado de los juzgamientos respecto de aquellos casos en los que no haya aceptación temprana de responsabilidad. 

- Se pactó una Sala para impedir que lo decidido en esta Jurisdicción sea rebatido hasta 30 años después... 
Habrá una sala que se dedicará a las apelaciones, otra para revisar las sentencias ya dictadas y, finalmente, otra que va a procurar la estabilidad y la seguridad del sistema, para asegurarse de que las decisiones de la Jurisdicción Especial para la Paz no van a ser revisadas a futuro. 

- ¿El Tribunal cobija acciones desde cuándo? 
Ese es un tema que no está definido todavía. Lo que está claro es que cobija hechos hasta el momento en que se firme el Acuerdo. 

- Ni el Gobierno ni las Farc escogerán a los magistrados. ¿Cómo será su selección? 
Ese mecanismo todavía está siendo objeto de negociación en La Habana. Lo que está claro es que no será una selección a dedo por parte de las FARC de sus jueces, sino que habrá un acuerdo entre los equipos negociadores sobre el mecanismo que se va a utilizar para seleccionar a estas personas. Será mayoritariamente compuesto por personas colombianas. 

- ¿Podrían ser otros países? 
Hay muchas posibilidades. Lo único que está excluido es que haya designación directa por parte de las Farc. 

- Queda claro también que no habrá cárcel... 
Hay tres formas de sanción. Una que incluye cárcel para las personas que no acepten responsabilidad y que sean consideradas penalmente responsables de los delitos. Para ellos no sólo habrá cárcel, sino también un régimen ordinario con una duración de la pena entre quince y 20 años. Hay un segundo grupo de personas, las que reconocen tardíamente su responsabilidad, que también va a tener una sanción privativa de la libertad, de entre cinco y ocho años. Finalmente, para las personas que acepten tempranamente su responsabilidad, habrá una restricción de la libertad que no es equiparable al sistema carcelario. 

- ¿Se definieron las características de los lugares en que será restringida la libertad de quiénes acepten su responsabilidad tempranamente? 
En materia de restricción de libertad la precisión que se hizo es que las condiciones las va a imponer la Jurisdicción Especial para la Paz y que va a tener un mecanismo estricto de supervisión y monitoreo, para que el Estado pueda estar absolutamente seguro de que se cumplen con las condiciones impuestas. 

- En su condición de víctima, dijo la periodista Jineth Bedoya en La Habana, que las víctimas están siendo amenazadas y que no tienen quién los respalde ni los cuide... 
El Acuerdo sobre víctimas incluye una serie de principios rectores del tratamiento a las víctimas, entre ellos uno prioritario, que es el reconocimiento de su condición; un segundo que tiene que ver con la necesidad de contar la verdad; un tercero, para aceptar responsabilidades; cuarto, la reparación a las víctimas; quinto, la protección y, por supuesto, las garantías de no repetición. 

- ¿Cómo se materializarán esas promesas? 
Ese es el compromiso que se adquirió. El Estado colombiano a va seguir mejorando y trabajando en temas de protección a las víctimas y seguramente va a tener desarrollos normativos y legislativos para que la protección sea efectiva. 

- ¿Qué va a pasar con las solicitudes de extradición? 
Las personas que queden cobijadas por el Acuerdo de Paz no serán extraditadas por hechos cometidos antes del momento a la suscripción del Acuerdo. Por ahora se seguirán tramitando las solicitudes, por lo menos hasta la firma. 

- ¿Cómo van a garantizar que en el futuro otro sí extradite? 
Una vez que a las personas se les niegue la extradición, quedan sometidas a la jurisdicción colombiana y no podrían ser llevadas a otro país. Si cambiara la legislación eventualmente, siempre habrá la posibilidad de aprobar principios de favorabilidad. 

- ¿Cómo han sido las charlas con Estados Unidos en esta materia y sobre la posibilidad de que ‘Simón Trinidad’ regrese al país? 
No tengo conocimiento de esas conversaciones. 

- ¿Ya se está trabajando en la Ley de Amnistía? 
Eso es parte del trabajo que hará en su momento el Congreso para desarrollar los acuerdos. 

- ¿El narcotráfico será considerado delito conexo al político? 
En materia de conexidad está claro en el Acuerdo qué delitos no serán considerado conexos: delitos de lesa humanidad, de genocidio, la toma de rehenes, las graves privaciones de la libertad, por citar unos ejemplos. Pero en lo demás será el Congreso el que va a estar encargado de determinar qué delitos serán conexos con el político y cuáles no. 

- En materia de secuestro, ¿habrá amnistía, indulto o conexidad? 
Lo que es toma de rehenes no es conexo con el delito político, ni las graves privaciones de la libertad. 

- ¿Qué otro elemento tiene este Sistema Integral para destacar? 
Creo que la importancia de las víctimas como centro del todo el proceso de Paz. Queda muy claro que se cumple todo lo que dijo el Gobierno desde el comienzo, que su centro iba a ser las víctimas. Eso queda demostrado. 

- Se hicieron finalmente varias precisiones al Acuerdo de Justicia anunciado en septiembre… 
Sí, pero precisiones siempre. Los diez puntos de septiembre no tienen ninguna modificación, son la columna vertebral del acuerdo. El desarrollo de estos puntos es lo que acaba de producirse en La Habana y son 29 páginas. Hubo más discusión en la conformación del Tribunal, qué salas podría haber, el tema de las sanciones, de la no extradición, por ejemplo. 

- ¿Qué falta en la negociación? ¿Se firmará en el plazo del 23 de marzo que fijó el Presidente? 
Falta el último punto de la agenda, que tiene que ver con la desmovilización, la dejación de armas y la reinserción de los guerrilleros a la vida social. Creo que sí llegamos. El punto más complejo era el de Justicia y Víctimas, que acaba de ser superado. El otro no es que sea un tema fácil, pero se ha venido avanzado paralelamente y confiamos que el 23 de marzo esté firmado el Acuerdo Final. 

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