Así fue el papel de María Alejandra Benavides en captura de Bonilla y Velasco

ARTÍCULO RELACIONADO

Bonilla impartió ordenes sobre la Ungrd, dijo el principio de oportunidad de Benavides

La decisión de hoy marcó un punto de quiebre en el expediente de la Ungrd. El Tribunal Superior ordenó el envío a prisión de los exministros Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco, tras acoger los argumentos de la Fiscalía sobre su presunta participación en un esquema de corrupción que vinculó la aprobación de créditos públicos con el direccionamiento de contratos estatales.

Cabe mencionar que una de las bases fue el principio de oportunidad acordado entre la Fiscalía y María Alejandra Benavides, exasesora del Ministerio de Hacienda, presentado ante el juez 17 de Control de Garantías. El documento, de 18 páginas, plantea que Bonilla impartió órdenes e instrucciones directas para favorecer ilícitamente a congresistas de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público, a cambio de facilitar el trámite de operaciones de endeudamiento del Gobierno.

Según la Fiscalía, los hechos ocurrieron entre octubre de 2023 y marzo de 2024 y tuvieron como eje contratos de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres por valores cercanos a $90.000 millones, cifra que en otras actuaciones del proceso asciende a $92.000 millones. Los recursos se concentraron en proyectos para Cotorra (Córdoba), Saravena (Arauca) y El Carmen de Bolívar (Bolívar), presentados como obras de mitigación de riesgos y prevención de inundaciones.

ARTÍCULO RELACIONADO

Benavides declaró ante Corte Suprema por presuntos sobornos en contratos de Ungrd

El 31 de octubre de 2023, en el despacho de Hacienda, Bonilla habría ordenado a Benavides recibir proyectos de inversión regional que respondían a intereses de congresistas, con el propósito de asegurar su asistencia a sesiones clave sobre créditos nacionales. El 23 de noviembre, en una nueva reunión en el Ministerio de Hacienda, Benavides informó que el senador Juan Pablo Gallo exigía un proyecto para sesionar; el entonces ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, estuvo presente y, según el documento, el aval quedó consignado.

El día 5 de diciembre, Benavides y el entonces viceministro de Hacienda, Diego Guevara, se reunieron con congresistas de la comisión y les comunicaron que sus proyectos se tramitarían en 2024. Al día siguiente, en el despacho de Bonilla, participaron Velasco, Benavides y Jaime Ramírez Cobo, entonces enlace con el Congreso, y se acordó que Velasco y Ramírez gestionarían los proyectos ante la Ungrd. El 11 de diciembre, con autorización del exministro, Benavides entregó a Ramírez Cobo un sobre sellado con una tabla que contenía los proyectos solicitados por los parlamentarios.

En paralelo, Benavides rindió declaración ante la Corte Suprema de Justicia. Su testimonio se produjo primero ante la magistrada Cristina Lombana y luego ante el magistrado Misael Rodríguez, quien dirige la investigación contra cinco congresistas y un exrepresentante. En esa diligencia confirmó que actuó como intermediaria entre el Gobierno y los congresistas para asegurar el direccionamiento de tres contratos específicos. Los legisladores bajo investigación son Juan Diego Muñoz, Karen Manrique, Liliana Bittar, Juan Pablo Gallo, Julián Peinado y Wadith Manzur.

ARTÍCULO RELACIONADO

Benavides testificó contra 28 congresistas ante la Corte Suprema en casos Invías y Ungrd

La exasesora también quedó formalmente acusada por tráfico de influencias, pocos días antes de sellar el acuerdo con la Fiscalía. A cambio del principio de oportunidad, se comprometió a declarar en contra de Bonilla. La Fiscalía sostiene que los contratos fueron utilizados como moneda de cambio para obtener conceptos favorables en la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público.

Durante la audiencia, la Fiscalía expuso además hallazgos que comprometen a Velasco y a Diego Guevara. Benavides habló de un acuerdo entre Bonilla, Velasco y el asesor presidencial Jaime Ramírez Cobo para destrabar créditos internacionales mediante la entrega de contratos. Relató que se sintió presionada y usada por el exministro de Hacienda para autorizar desembolsos a la Ungrd. “Él me usó y usó el hecho de ser el ministro de Hacienda y a él no le importaba el costo que tenía que pagar”, declaró.

Sobre los contratos, el ente acusador detalló montos y destinos: $50.000 millones para Cotorra (Córdoba), $12.356 millones para El Salado, en Bolívar, y $30.000 millones para Saravena (Arauca). Todos, en teoría, orientados a obras de contención de inundaciones y mitigación de la erosión por lluvias. Con la decisión del Tribunal Superior, estos elementos dejan de ser solo piezas de investigación y pasan a sustentar una medida privativa de la libertad contra dos exministros clave del actual gobierno.