jueves, 31 de enero de 2019
La institución buscó muchas maneras con las que pretendía salir de sus deudas
Salud Vida es de propiedad de Hortensia Arenas Ávila - Creadora de la Fundación Médico Preventiva- y sus hijos Lety Graciela, Nancy Janeth y John Wilson Roa; además hace parte de un grupo empresarial del mismo nombre integrado por varias clínicas.
Tiene 18 años de experiencia y está presente en 18 departamentos de Colombia. Actualmente su sistema registra una cifra cercana a 1,3 millones de usuarios afiliados.
Sin embargo, desde 2015 esta EPS, que prometía ser una de las entidades prestadoras de salud más importante a nivel nacional, empezó a llamar la atención de los órganos de vigilancia. En octubre de ese mismo año, la Superintendencia de Salud le prohibió realizar nuevas afiliaciones y entró en Medida Preventiva de Vigilancia Especial. Actualmente, se calcula que su ‘hueco financiero’ es de más de $800.000 millones.
Durante los últimos tres años, cada vez son más los centros médicos en diferentes regiones del país, que vienen denunciando el incumplimiento en los pagos por parte de esta EPS, lo que ha llevado a varios a declararse prácticamente en la quiebra.
Se conoció lo que a la luz de los usuarios y las autoridades de vigilancia, podría ser un nuevo capítulo en los movimientos ‘sospechosos’ de Salud Vida. Se trata de la movida emprendida por la entidad en marzo del año pasado para reorganizarse institucionalmente.
Es decir, el 23 de marzo de 2018, Salud Vida EPS SA, presentó una solicitud a la Superintendencia de Salud para cambiar su razón social; crear una nueva empresa llamada Nueva Salud Vida S.A.S. Una sociedad anónima simplificada, que a diferencia de la naturaleza de la EPS actual, tendría cambios en las responsabilidades de los socios, en caso de que la entidad entrara en quiebra.
Esto, según fuentes cercanas al proceso, con el objetivo de dividir sus activos de los pasivos. Mientras las deudas con hospitales, proveedores de medicamentos y con el personal iban a quedar en la nueva empresa, las propiedades, equipos tecnológicos y demás inmuebles quedarían en la antigua EPS.
Tal como consta en la resolución número 011230 de diciembre de 2018, en su propuesta de reorganización la EPS dividía sus deudas de sus bienes. Ejemplo de ello un costoso vehículo adquirido por la empresa mediante leasing por un valor de $105.261.509; mientras la obligación económica quedaba a nombre de Nueva Salud Vida S.A.S., el vehículo no era traspasado y se quedaba en la antigua Salud Vida.
Al parecer, agobiados por un endeudamiento que alcanza casi 300% y ante lo que podría ser una inminente intervención por parte del Estado, los propietarios de Salud Vida pretendían realizar una maniobra que en caso de quiebra, podría distorsionar la responsabilidad de los socios a la hora de responder por las deudas de la empresa.
Sin embargo, para la Superintendencia de Salud, en cabeza de Fabio Aristizábal, la cesión de bienes no era coherente y generaba bastantes dudas de tipo financiero y legal, por lo que la solicitud no fue aprobada y la SuperSalud frenó el ‘gol’ que pretendían meter los dueños de la cuestionada EPS.
Para los representantes de las IPS afectadas por los incumplimientos de Salud Vida, este no es un hecho aislado.
En diciembre del año pasado le informaron a la Fiscalía General de la Nación sobre la venta de 46 bienes inmuebles por un valor superior a los $164.000 millones, a la empresa panameña Lithia Investment SAS. Compañía que tiene nexos directos con los propietarios del grupo empresarial Salud Vida, concretamente con su representante legal Juan Pablo Silva Roa, nieto de la fundadora Hortensia Arenas.
La venta se habría dado por medio de pagarés y no utilizando dinero en efectivo. Llama la atención que algunos de estos centros médicos fueron vendidos por un valor muy inferior al de su avalúo catastral.
La alerta por lo que ocurre con Salud Vida se encuentra en su punto máximo. Desde hace dos meses la superintendencia le ha solicitado a Salud Vida modificar el giro de recursos directos a centros médicos de su propiedad.
Esto debido a que se habría evidenciado que la EPS le pegaba miles de millones a sus clínicas y a los demás prestadores de servicio médicos solo le giraba montos pequeños. Uno de los mayores beneficiarios de los pagos mes a mes era la Fundación Médico Preventiva, de propiedad de Hortensia Arenas.
Se estableció que el pasado lunes 28 de enero, justo cuando el banco de la salud Adres procedía a pagar la mensualidad que le da a las EPS para que atiendan a sus afiliados, la SuperSalud solicitó suspender la totalidad de los giros directos a cerca de 10 centros médicos, entre los que se encuentran, los pertenecientes al grupo Salud Vida.
Fuentes consultadas por esta emisora confirmaron que la medida se tomó para preservar los recursos públicos de la salud, y evitar que el dinero del Estado se estuviera pasando de un bolsillo a otro.
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