Recientemente, el Observatorio de Igualdad de Género en América Latina y el Caribe (OIG) presentó la tercera entrega de su informe, titulado “Los bonos en la mira. Aporte y carga para las mujeres”. En este documento se desarrolla un análisis de los indicadores recopilados en 2011, sobre autonomía física, económica y en la toma de decisiones, alrededor de los avances de los 33 países de la región en desarrollo de los compromisos adquiridos en virtud de los Consensos ratificados en la XI Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe (llevada a cabo en 2010).
En cuanto al tercer componente, acerca de la participación de las mujeres en las instancias de toma de decisiones, el informe da cuenta sobre la composición de los parlamentos nacionales, las Cortes Supremas y los Gabinetes ministeriales de los Poderes Ejecutivos en los países de la región, tomando como referente comparativo a los países de la península ibérica: Andorra, España y Portugal.
En materia de Parlamentos, los hallazgos muestran que la representación de las mujeres en la región se ha incrementado a partir del año 2000, fenómeno propiciado por las denominadas “leyes de cuotas”, existentes en 14 países. Así las cosas, el promedio de mujeres en los Parlamentos en América Latina y el Caribe es de 23%. Diez países superan esta proporción, siendo Cuba, Nicaragua y Costa Rica los que presentan los registros más altos (con 45, 40 y 39 por ciento, respectivamente).
Por su parte, Colombia hace parte de los 17 países que tienen registros inferiores a 15%, alcanzando una participación de tan solo 12% -casi la mitad del promedio regional-, apareciendo en el noveno puesto más bajo de la medición. Sin embargo, nuestro país ha mejorado en comparación con los años anteriores, teniendo en cuenta que en la composición del Congreso entre 2006 y 2010 tan solo un 8% de las curules eran ocupadas por mujeres. Por su parte, los países de la península ibérica promediaron un 37% de mujeres parlamentarias.
En cuanto a la participación de mujeres en los gabinetes ministeriales en el Poder Ejecutivo, la medición muestra que “el nombramiento de ministras no se ha consolidado como una práctica común y, desde 2006 en adelante, la presencia de mujeres en los gabinetes ministeriales no se ha mantenido constante, sino que ha descendido como promedio regional desde un 26% ese año, hasta un 18% en 2011”. A nivel de países, los registros más altos los tienen Nicaragua (55%), Bolivia (39%), Ecuador (38%), Costa Rica (35%) y Colombia (30%). Se destaca que en los tres primeros países se han establecido cláusulas de paridad de género en instancias de decisión. Entre los países con más baja participación de mujeres se encuentran Uruguay (7%), Perú (11%), El Salvador (13%), Paraguay (14%) y México (16%). En cuanto a los países de la península ibérica, el promedio descendió entre 2010 y 2011, al pasar de un 33% a un 29%, respectivamente.
Por su parte, la participación de mujeres en las Cortes Supremas ha registrado un notable aumento durante la última década, al pasar de un 10% en 2001 a un 22% en 2011. No obstante, continúa una marcada prevalencia masculina en dichas corporaciones. Resulta interesante que seis países del Caribe encabezan la lista (Saint Kitts y Nevis, Monserrat, Islas Vírgenes Británicas, Granada y Antigua y Barbuda). Esto se explica porque todos son regidos bajo una misma Corte -el Tribunal Supremo del Caribe Oriental-, cuya composición cuenta con un 60% de mujeres. Entre los países de Latinoamérica, el listado lo encabezan Venezuela (44%), Puerto Rico (43%), Costa Rica (35%), el Salvador (33%) y Colombia (30%). Sin embargo, la tendencia predominante en los países suramericanos es la baja proporción de mujeres en las Cortes Supremas. De hecho, Uruguay no cuenta con ninguna mujer en dicha instancia, mientras que Ecuador tan solo tiene un 5%, Bolivia un 18% y Perú un 19%. En nuestro país, se destaca que el número de mujeres ha ascendido, teniendo en cuenta que para 2007 la proporción de mujeres era de apenas 13% (poco más de la tercera parte de lo registrado en 2011). Este resultado nos ubica por encima de España, país con bajos registros históricos de participación femenina en su Tribunal Supremo, que ha oscilado entre un 8% en 2007 y un 12% en 2011.
Por último, el informe también destaca que a partir de 1977, en 12 países de la región se ha logrado el acceso de mujeres a la Presidencia de la República -Bolivia, Antillas Holandesas, Dominica, Nicaragua, Bahamas, Guyana, Panamá, Chile, Argentina, Costa Rica, Jamaica y Brasil-; mientras que a partir de 1963 (en Uruguay), se ha logrado el nombramiento de mujeres como presidentas de los Parlamentos en 25 países (en la mayoría de ellos, a partir de la década de los 90), entre los cuales no se encuentra Colombia.
En conclusión, la inclusión de las mujeres en las instancias de decisión, si bien ha mejorado en nuestra región, sigue siendo un reto en todos los países Latinoamericanos y del Caribe. Los casos de la península ibérica, en general, evidencian que existen mejores resultados en términos de equidad de género en el continente europeo, mostrando así que es viable una proporcionada participación de hombres y mujeres en las cúpulas de los Poderes.
Para el caso colombiano, resulta preocupante que, pese a los mandatos de la ley 581 de 2000 en materia de cuotas femeninas en cuerpos colegiados, listas de aspirantes para cargos y elección de altos funcionarios gubernamentales; aún no se cumplan las disposiciones establecidas en dicha norma. Esto da cuenta de la persistencia de un compromiso político e institucional insuficiente frente a la equidad de género, tema que se debe priorizar de cara a las elecciones venideras.
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