Lascarro fue condenado a más de 12 años de corrupción por caso Centros Poblados

Un nuevo fallo judicial marca otro capítulo en el escándalo de corrupción de Centros Poblados. Una juez penal de conocimiento de Bogotá condenó a Ottomar José Lascarro Torres a 12 años y nueve meses de prisión por su participación en las irregularidades detectadas en el contrato suscrito entre el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, MinTIC, y la Unión Temporal Centros Poblados 2020, que buscaba llevar conectividad a más de 7.000 escuelas rurales del país.

La decisión fue adoptada tras valorar las pruebas presentadas por la Fiscalía General de la Nación, que logró demostrar la responsabilidad del empresario en los delitos de enriquecimiento ilícito, fraude procesal y falsedad en documento privado. Además de la pena privativa de la libertad, el condenado deberá pagar una multa superior a $2.452 millones y quedó inhabilitado por 153 meses para ejercer derechos y funciones públicas.

De acuerdo con la investigación adelantada por la Dirección Especializada contra la Corrupción, Lascarro Torres suministró los nombres, la experiencia y la información financiera de dos empresas de su propiedad para acreditar requisitos técnicos y de trayectoria exigidos en el proceso contractual. Con esta información se facilitó la conformación de la Unión Temporal Centros Poblados Colombia 2020, que posteriormente obtuvo la adjudicación del millonario contrato.

La Fiscalía sostuvo que estas actuaciones indujeron en error a los funcionarios del MinTIC encargados de evaluar y adjudicar el proyecto de conectividad, cuyo valor superó el billón de pesos. El contrato se convirtió en uno de los mayores escándalos de corrupción de los últimos años debido a las irregularidades detectadas en las garantías y en la capacidad de los contratistas para ejecutar las obras.

Según el ente acusador, como contraprestación por su participación en la operación irregular, Lascarro Torres recibió cerca de US$250.000, recursos que fueron consignados en una cuenta bancaria a su nombre en Estados Unidos. La sentencia es de primera instancia y contra ella proceden los recursos de ley, por lo que aún podrá ser revisada por instancias superiores.