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lunes, 26 de junio de 2023

La ley busca lograr acercamientos y negociaciones para diálogos de paz o sometimiento con grupos criminales como el 'Clan del golfo'

En estos momentos, la sala plena de la Corte Corte Constitucional se encuentra estudiando una ponencia de demanda contra la Ley de paz total del Gobierno, aprobada en octubre del año pasado. El demandante, que es el magistrado Jorge Enrique Ibáñez, solicitó tumbar la ley argumentando vicios de trámites.

En las explicaciones de Ibáñez, se dice que el proyecto de ley tuvo vicios en su trámite en el Legislativo, además, que el Congreso no tuvo en cuenta el concepto del Consejo de Política criminal.

La ley que se está pidiendo tumbar tiene como propósito lograr acercamientos y negociaciones para diálogos de paz o sometimiento con grupos criminales como el 'clan del golfo' o las disidencias de las Farc. Esta sería una de las más importantes apuestas del gobierno de Gustavo Petro.

La Procuraduría General de la Nación, en cabeza de Margarita Cabello, ya había presentado también un concepto negativo contra la ley, pidiendo que se declare inexequible.

En el concepto enviado a la Corte Constitucional, la procuradora Cabello señaló que el trámite de la norma vulneró el principio de consecutividad en Congreso, mismo argumento del magistrado Ibáñez. Dicho principio exige que los proyectos de ley se tramiten en cuatro debates de manera sucesiva en las comisiones y en las plenarias de las cámaras.

El Ministerio Público aseguró que varias disposiciones de la norma no fueron estudiadas en estricto sentido por las comisiones primeras constitucionales permanentes, pues fueron propuestas solo hasta las deliberaciones ante las plenarias.

Entre esas disposiciones no discutidas en las comisiones primeras se encuentran la creación de una instancia de alto nivel del Gobierno Nacional para el estudio, caracterización y calificación de las estructuras armadas de crimen de alto impacto.

Igual sucedió con la calificación de los grupos armados ilegales conformados por personas que integraron organizaciones desmovilizadas al margen de la ley y la reconciliación con la naturaleza como una medida de reparación, que fueron incorporadas por proposiciones presentadas en el último debate, surtido en la plenaria de la Cámara de Representantes.

La Sala Plena del alto tribunal continuarán con el estudio de la ley dentro de dos semanas, cuando haya concluido el empalme de la saliente magistrada Martha Sáchica Méndez, quien se desempeña como secretaria general de la corporación.

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