Limbo jurídico por la orden de extradición contra Jesús Santrich

La captura del excabecilla de las Farc, Jesús Santrich, que hizo la Fiscalía General de la Nación por petición de la agencia estadounidense DEA, generó una ola de reacciones e incertidumbre en diversos sectores del país porque no se sabe qué entidad debe hacer el proceso de juzgamiento por el delito de narcotráfico.

Son tres jurisdicciones que estarían encargadas de imponerle sanciones a Santrich. La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), la justicia penal ordinaria colombiana o la corte federal del estado de Nueva York.

La presidenta de la JEP, Patricia Linares, expresó que será ese tribunal el que revise en primera instancia el acervo probatorio de la agencia estadounidense para determinar si el detenido incurrió en el delito después del primero de diciembre de 2016. En caso de ratificar la información, Santrich estará en manos de la justicia ordinaria y perderá todos los beneficios jurídicos a los que se puede acoger en ese tribunal.

Iván Márquez, representante del partido Farc en el Congreso, dijo que esto es un atropello contra los acuerdo de La Habana y pidió al Gobierno que intercediera por su cumplimiento. Dijo “con la captura de nuestro camarada Jesús Santrich el proceso de paz se encuentra en su punto más crítico y amenaza con ser un verdadero fracaso”.

Horas después de la captura, el presidente Juan Manuel Santos convocó una rueda de prensa acompañado del Fiscal General. Expresó que “si hay pruebas irrefutables, no me temblará la mano para autorizar la extradición de Santrich”. Néstor Humberto Martínez dijo que la evidencia es “contundente”.

El abogado del congresista, Enrique Santiago, cuestionó desde Madrid el procedimiento de las autoridades y sugirió que era un montaje para dar como regalo a Donald Trump en su visita a Latinoamérica. Opinó “es una acusación de un delito de conspiración. Es decir, ejecutado íntegramente en Colombia por una persona que habitualmente está en Bogotá”.

El litigante Jaime Granados demostró su rechazo. Dijo que “no hay la menor duda de que la justicia ordinaria debe tomar este caso. Si la sala de definiciones de la JEP confirma los delitos, sigue el proceso en la Corte Suprema de Justicia donde el presidente Santos determinará si da el visto bueno a la extradición. Estoy de acuerdo en que se envíe a Estados Unidos para dar cumplimiento y que se respete el orden jurídico”.

El abogado David Grajales también estuvo de acuerdo y expresó que “el presidente Santos debería extraditarlo para darle a entender a la comunidad colombiana e internacional que aquí imperan las leyes”. Agregó que “esto no debe poner en peligro el proceso de paz porque esto es apenas un caso particular del implicado”.

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