Corte Constitucional / Bloomberg
miércoles, 14 de diciembre de 2022
Señalan que son los jueces los encargados de tomar estas decisiones, de no ser así, se estaría incurriendo en un posible prevaricato
La Corte Constitucional recibió la primera demanda en contra del artículo 5 de la Ley de Paz Total. Según se expone en el documento, no hay ninguna facultad para que sea el presidente quien deje en libertad a los jóvenes de primera línea, bajo la propuesta que se conviertan en gestores de paz.
Los argumentos que defienden la premisa central de la demanda señalan que son los jueces los encargados de tomar estas decisiones, de no ser así, se estaría incurriendo en un posible prevaricato por una violación al orden constitucional que define la separación de poderes, el debido proceso y la igualdad ante la justicia.
Otra de las razones que se pusieron en manifiesto, es que en el Congreso la Ley 2272 del 2022 fue aprobada sin que previamente hubiera un concepto por parte del Consejo Superior de la Política Criminal.
De hecho, en el decreto presidencial no está esclarecido si la Comisión Intersectorial para la promoción de la Paz, la Reconciliación y la Participación ciudadana, tendrá un integrante de la rama judicial y si la última palabra será de los jueces o de la comisión.
La oposición rechazó el decreto presidencial que se firmó el pasado 9 de diciembre y advirtió que se trata de una jugada política del presidente Gustavo Petro para mantener el respaldo político que lo tiene hoy en el poder.
Previamente el senador del Centro Democrático Enrique Cabrales le había pedido a la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes, que se investigara al mandatario por haber emitido esta normatividad.
“Al presidente Petro no se le otorgaron facultades extraordinarias para liberar a los detenidos de la 'Primera Línea', al presidente se le dieron facultades para negociar con grupos armados al margen de la ley y bandas criminales”, señaló.
El Ministerio de Justicia, liderado por Nestor Osuna, se defendió diciendo que fue la Ley la que otorgó facultades al presidente para designar a los voceros; por ende, no se incluyó a la Fiscalía ni a los jueces en la Comisión Intersectorial.
Mientras tanto, Petro confirmó que durante su gobierno espera a 100.000 jóvenes como gestores de paz, procedentes de las zonas más violentas del país. Para el mandatario, estas personas deberían recibir un ingreso de al menos $1 millón.
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