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Colprensa lunes, 10 de junio de 2013

¿La posibilidad de tener cinco días de permiso mensuales es proporcional a la labor de un magistrado? Esa es la pregunta de fondo que deja el nuevo escándalo que protagoniza la Corte Suprema de Justicia.

El escándalo que cesa -cabe decir- por el silencio de la presidenta de la Corporación, magistrada Ruth Marina Díaz, a pesar de múltiples peticiones públicas. 
 

Consultados por Colprensa, juristas reconocidos y exintegrantes de las Cortes pusieron de presente el siguiente escenario: la necesidad de eliminar los privilegios de que gozan los togados de las Altas Cortes y modificar de una buena vez el sistema de postulación y elección de los ocupantes de las máximas Corporaciones de justicia en el país. 

Sobre el primer punto, el investigador del Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad, Dejusticia, José Rafael Espinosa, indicó que poco de equitativa tiene la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia, la 270 de1996, que permite esos permisos remunerados de utilizó la magistrada Díaz y sus amigos de los Tribunales Superior de Bogotá y Villavicencio para irse de crucero. 

“Se justifica que algunos funcionarios públicos tengan regímenes especiales para algunas cosas siempre y cuando esos obedezcan a la naturaleza de las funciones. En este caso estos beneficios de los cinco días no parecen acomodarse a esa naturaleza de su cargo y de sus funciones y, en ese sentido, estos beneficios pueden ser llamados privilegios y no se justifican”, expresó. 

Por eso, el experto considera que la Ley debe demandarse ante la Corte Constitucional para esperar que análisis haría sobre esta norma teniendo en cuenta que en meses pasados tumbó la norma que permitía a los Congresistas y Magistrados acceder a millonarias pensiones, precisamente, por considerar que había una violación al principio de equidad. 

“(...) esa diferenciación que se hacia entre funcionarios públicos, a quienes se le liquidaban algunas pensiones incorporando no solo el salario sino los viáticos, frente al resto de los ciudadanos, no obedece a la naturaleza de sus funciones. ¿Qué hay en una labor del magistrado que signifique que pueden liquidare las pensiones de forma distinta?”, expresó. 

Pero, por ejemplo, para la vocera de la Corporación Excelencia a la Justicia, CEJ, Gloria María Borrero es absolutamente necesario que se haga todo un Estatuto del Magistrado para que quede claro, después de un debate público, qué beneficios pueden ostentar los altos juristas y cuáles deben ser eliminados. 

“Se necesita una reforma integral a la justicia. Esto no puede ser de manera asilada, por coyuntura. Hay que crear el estatuto del magistrado, hay que revisar, hay que crearlo así como se creo el estatuto del congresista con la Constitución del 91”, apuntó. 

Para Borrero, el Estatuto debe tener un régimen más estricto de inhabilidades, de requisitos mas estrictos para acceder a los cargos en el que se regulen temas como los polémicos permisos. 

No obstante, el expresidente de la Corte Constitucional, Alfredo Beltrán Sierra, indicó que los permisos no pueden ser ciertamente catalogados como privilegios ya que están reglamentados por Ley. 

Y ante la posibilidad de modificar la norma, Beltrán Sierra señaló que se trataría de “llegar otra vez al fetichismo de la ley escrita, que si hay un problema se modifique la ley y, si hay otro problema, se vuele a modificar. El problema no es de la norma sino de la utilización que de ella se haga”, expresó. 

¿MODIFICAR EL SISTEMA DE ELECCIÓN? 

Ahora bien, de fondo, hay otro tema que preocupa. La magistrada Díaz se fue de crucero con el magistrado de Tribunal Superior de Bogotá, Jaime Araque, quien hace parte de la lista de aspirantes para ocupar la vacante que dejó Jaime Arrubla en la Sala Civil de la Corte Suprema. 

El hecho ya conocido vuelve a poner de presente el debate sobre la forma como se eligen los magistrados, tema que surge cada cierto tiempo por cuenta de los constantes escándalos que protagoniza la Rama Judicial y, en especial, las Altas Cortes. 

La mala racha que este año ha evidenciado la Justicia de Colombia tiene en este punto un eje fundamental. El tema es así: los magistrados de la Corte Suprema de justicia son elegidos por la Sala Plena de la misma Corporación de listas elaboradas por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura. 

Pero, la Corte Suprema tiene la potestad para elegir a dos integrantes de la Sala Administrativa. Y, en hecho que produjo sendas demandas, dos exmagistrados de la Corte Suprema, Francisco Ricaurte y Pedro Munar, pasaron a la Judicatura. 

Para el investigador Espinosa, este sistema es la evidencia de la reproducción de “la rosca” en el funcionamiento de una de las Ramas de poder. 

“Eso pone de presente una falla en el diseño de la elección de los magistrados en la medida que se estimula una independencia no democrática en la medida en la que terminan eligiendo a los mismos. Se reproducen prácticas nocivas”, indicó. 

El tema no es nuevo, es reiterativo. Ese vicio lo han manifestado en numerosas oportunidades juristas de la talla de Carlos Gaviria o José Gregorio Hernández, ambos expresidentes de la Corte Constitucional. 

Gaviria le había señalado a Colprensa su malestar con el “lobby” que terminan haciendo juristas impecables ante otros juristas o el Congreso para que conozcan su hoja de vida y sean elegidos. 

“Yo tengo amigos de excelentes calidades humanas, morales, intelectuales, que han prescindido de candidatizarse a las Altas Cortes para no tener que hacer fila ante un magistrado el Consejo de Estado y la Corte suprema de Justicia para luego ir con los senadores”, apuntó en su momento. 

Ahora bien, como dice Borrero, no se percibe cercano un escenario ideal para tramitar una nueva reforma a la Justicia bien sea por falta de interés o porque se viene un año electoral y, además, porque el país está inmerso en un proceso de dialogo con la guerrilla de las Farc. 

Una propuesta interesante la planteó el investigador Espinosa y consiste en modificar los reglamentos internos del Consejo de Estado y la Corte Suprema, Corporaciones que eligen a sus propios integrantes de listados que vienen de otras corporaciones. 

Esa podría ser una salida. 

INVESTIGACIONES 

Lo cierto es que mientras tanto, los magistrados de Tribunal que se fueron de crucero serían los que podrían pagar realmente una sanción disciplinaria ya que a la magistrada Díaz la investiga la Comisión de Acusaciones de la Cámara, reconocida por su inoperancia real. 

Consultado por Colprensa, el expresidente del Consejo Superior de la Judicatura, José Alfredo Escobar Araújo, señaló que se trata de determinar si el descanso, irse de crucero, es una justa causa a la luz del artículo 144 de la Ley 270 de 1996. 

“Uno diría que en principio irse para un crucero no es justa causa a no ser que se motive como descanso que requiere por exceso de trabajo. Si se piden cinco días de descanso para irse a una finca o para encerrarse a su casa o irse a un crucero, podría caber. Pero como el tema es tan complicado, no me atrevo a decir que si o que no”. 

Y SIGUE LA MALA RACHA 

Este nuevo escándalo se suma hechos puntuales recientes que ponen en entredicho a la Justicia Colombiana. De mayor recordación está la posesión de Alberto Rojas Rios como magsitrado de la Corte Constitucional en medio de su silencio por denuncias de fraude que una viuda alegó en su contra. 

De hecho, en días pasados la Fiscalía General de la Nación respondió a la CEJ un derecho de petición que consigna que Rojas Rios tiene una investigación penal abierta. 

“Él nos debe una explicación razonable”, señaló Borrero quien señaló que lo único que los colombianos que han rechazado su posesión es esperar que el Consejo de Estado se pronuncie sobre una demanda de nulidad de la elección de Rojas que está en trámite. 

“Esto que está pasando es muy importante porque ayuda a cumplir los diagnósticos y ya lo importante es empezar a pasar a la acción”, apuntó Borrero. 

Por otro lado, está el sonado escándalo de pensiones al que la Corte Constitucional en reciente decisión puso freno. 

Se trataba de magistrados que se podían pensionar con lo devengado en el último año, y no en los últimos diez como el resto de colombianos, incluyendo no solo el salario, sino primas y hasta viáticos. 

Este hecho permitió que por actuaciones inescrupulosas de algunos magistrados y ex magistrados, que ahora están siendo investigados, llegaran a las Corte, como magistrados auxiliares, personas próximas a cumplir los requisitos de pensión, para salir de allí con una pensión mucho mayor a la que tenían derecho. 

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