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José David Castilla lunes, 18 de febrero de 2019

Brigard Urrutia, Sanclemente, Gómez-Pinzón y Holland And knight son las firmas destacadas.

El futuro energético de Colombia se está discutiendo en la gran subasta organizada por el Ministerio de Minas y Energía. En estas jornadas se estudian cerca de 27 proyectos para implementar un cambio en el panorama del país.

Detrás de las grandes empresas oferentes hay una serie de firmas de abogados que están asesorando la llegada de inversionistas en este campo de renovación.

 

 

María Fernanda Suárez, ministra de Minas y Energía, aseguró que esta subasta será un tránsito a las economías renovables en Colombia. “Nuestra meta en estos cuatro años es aumentar la capacidad instalada en este tipo de energías (renovables), al pasar de 50 megas (…) a por lo menos 1.500 megas, equivalentes a lo que requieren Cali y Medellín juntas, con inversiones estimadas entre US$1.300 y US$1.800 millones”, dijo la jefa de esta cartera ministerial durante la presentación de la subasta.

Las principales en el campo de asesoría a energías renovables que se encuentran participando de distintas formas en esta subasta son: Sanclemente Fernández Abogados (SFA), Brigard Urrutia, Gómez Pinzón, PPU y Holland & Knight. Cada uno de estos bufetes fue reconocido por publicaciones internacionales por completar pactos importantes con grandes empresas de energía.

Pese al éxito que se reportó en la convocatoria de la subasta, los principales inconvenientes que han encontrado los abogados en estas jornadas es que hay escasa regulación legal, tampoco hay una minuta de contrato definitiva y existe una dinamización en la legislación ambiental que ha complicado el ingreso de otras compañías encargadas de explorar otras formas de producción energética.

Brigard Urrutia ha sido uno de los bufetes que se han encargado de asesorar inversionistas nacionales y extranjeros interesados en participar en proyectos de gestión eficiente de energía. Claudia Navarro, socia del área de Energía dijo que la modalidad contractual ha representado las principales complicaciones en la subasta.

“La discusión se ha centrado en el contrato PPA a ser suscrito entre los generadores y comercializadores, básicamente en lo relacionado con su término de duración de 12 años, y que su remuneración sea en pesos y no en dólares, pues el sector financiero ha expresado las dificultades para su financiación bajo estas condiciones”.

Por su parte, la firma SFA se ha centrado en asesorar empresas de exploración que están buscando campo en el sector de explotación de formas no convencionales de hidrocarburos. El socio Antonio Sanclemente habló con este diario y dijo que “por falta de regulación no se ha podido avanzar en la búsqueda de métodos no convencionales como el fracking”. Otro punto que ha sido crítico en la inclusión de nuevas formas de explotación energética ha sido la “escasa regulación legal. Por esto es importante que se dicten normas que incentiven la búsqueda de fuentes de energía a través de fracking y energías renovables no convencionales”.

La entrada del proyecto Hidroituango a la mesa de negociación también ha complicado un poco las cosas. Patricia Arrázola, socia directora de Energía & Recursos Naturales en Gómez-Pinzón, explicó que han surgido complicaciones a raíz de la crisis del proyecto y las entidades de control, quienes han manifestado su preocupación con respecto a este proyecto por las dudas que genera.

Otra de las inquietudes que surgieron se dan por el papel que pueda llegar a jugar la Contraloría en el control previo de la subasta. Adicionalmente, se ha implementado una modalidad de sobre cerrado que no se había implementado en este tipo de procesos contractuales.

Natalia Núñez Vélez, socia de PgP Abogados, otra firma asesora, dijo que la limitante de tiempo entre la fecha de participación de la subasta y la fecha de inicio de generación de energía (3 años) podría generar una disminución “de aquellas empresas que requieren de mayor tiempo para entrar en operación”.

Por su parte, José Vicente Zapata, socio encargado del área en Holland & Knight, afirmó que dentro de este proceso de subasta se han ofrecido todas las garantías legales para prevenir cualquier tipo de fraude. “Hay un interés enorme en estas jornadas por parte de compañías extranjeras y nacionales, donde lo que está en juego es el futuro energético del país, por eso es que este proceso ha sido muy delicado. De allí es que se debe garantizar un proceso transparente y certero”, dijo el socio Zapata.

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