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Expansión - Madrid sábado, 5 de septiembre de 2015

Por contra, un 11% no cree que el aumento de la inversión en este aspecto mejoraría su rentabilidad y eficiencia y otro 14% admitió no saber el impacto que tendría un aumento en gasto tecnológico.

Mientras que 50% de los encuestados asegura que los socios de alto nivel de sus firmas ven la tecnología como “un activo” y 31% manifestó que los socios directores de sus despachos lo vieron como “una manera de aumentar el crecimiento de los ingresos”, algunos gerentes de bufetes no están tan convencidos sobre el potencial de la tecnología.

El 14% cree que los grandes abogados de sus bufetes ven la tecnología como un “gasto”, mientras que 5% de los líderes creen que ésta “no contribuye al crecimiento de los ingresos”.

La investigación también pone de relieve conclusiones que podrían dar lugar a la preocupación de los clientes acerca de la seguridad de la información confidencial. La encuesta reveló que más de la mitad de los socios de despachos en España (51%) piensan que su sistema de correo electrónico corporativo plantea riesgos de seguridad.

Precisamente, para los encuestados, la seguridad es la mayor molestia relacionada con el uso de la tecnología. Uno de cada cuatro socios afirma que en su bufete no es obligatorio el uso de una contraseña para desbloquear la pantalla en los dispositivos móviles, que usan el 99% de los socios de nuestro país para acceder al ‘e-mail’ de su bufete.

La tecnología ya ahorra costos
Aún así, la tecnología ahorra costos para los bufetes, al menos en España.

Se puede ver en el caso de los servicios de averiguación patrimonial que ofrece el Consejo General del Poder Judicial, con conexiones con la Agencia Tributaria; el Catastro; el Colegio de Registradores; Tráfico; el INE; la Dirección General de la Policía; el Registro Civil; y la Seguridad Social.

 Sólo en este ámbito, “se ha ahorrado en lo que va de año 2015 cerca de 25 millones de sobres, 30 millones de acuses de recibo y otros 30 millones de oficios”. Así lo puso de manifiesto la magistrada y vocal del Cgpj Victoria Cinto, durante su intervención en el curso Una Justicia de futuro de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, organizado por el Ministerio de Justicia y patrocinado por Wolters Kluwer. 

Cinto está colaborando con el ministerio en el objetivo de lograr el papel cero en los juzgados a partir del 1 de enero de 2016, una cuestión en la que el ministro hizo especial hincapié en la inauguración del curso en el Palacio de la Magdalena de Santander.

Según apuntó en su intervención Vicente Sánchez, consejero delegado de Wolters Kluwer, el esfuerzo del Ministerio de Justicia por proponerse el reto del papel cero en 2016, “tiene el valor de arrastrar a todo el sector a cambiar”, lo que incluye a los despachos de abogados.

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