viernes, 2 de agosto de 2019
En entrevista con AL, el abogado tributario, socio de Posse Herrera Ruiz, explicó sobre esta conyuntura tan importante en el país
En el segundo semestre continuará la reglamentación de la Ley de Financiamiento y algunas disposiciones faltantes de la Reforma Tributaria de 2016. Además, será la época de declaración y pago de impuesto de renta.
El abogado tributario Juan Guillermo Ruiz, socio de Posse Herrera Ruiz, explicó la coyuntura en entrevista con AL.
¿Cuál es la coyuntura tributaria de Colombia?
Desde la perspectiva del Gobierno, debería analizarse desde tres aspectos. El primero es la reglamentación de las disposiciones de la Ley de Financiamiento y las normas tributarias que faltan. El momento exige que se acelere el proceso de reglamentación y eso es fundamental para la seguridad jurídica tanto de las empresas como de las personas naturales.
Lo segundo son las expectativas sobre los fallos de constitucionalidad de las demandas presentadas contra la Ley de Financiamiento que son muchas contra distintos artículos en específico y a la ley completa y el resultado tiene una incidencia importante sobre su aplicación.
El tercero es que los contribuyentes cada vez más esperan que se avance en seguridad jurídica tributaria desde la perspectiva de cómo el Estado aplican las disposiciones fiscales.
¿Cuál es la expectativa del Gobierno?
El Gobierno tiene la expectativa de aumentar el recaudo vía modificaciones tributarias y lo está logrando, mi preocupación en relación con los incrementos de recaudo es que proviene de un pago adicional de aquellos contribuyentes cumplidos y no tanto, de los procesos de fiscalización a evasores y uno entendería que en esa coyuntura, los incrementos de recaudo del Gobierno son buena noticia para la macroeconomía pero para los contribuyentes cumplidos es una sobreimposición que está generando mayor recaudo pero no necesariamente mejora la equidad y la distribución de las cargas tributarias entre todos.
¿Qué le piden los contribuyentes al Gobierno en seguridad jurídica?
Se pide que el Gobierno en su responsabilidad reglamentaria, función legislativa y fallos respete los principios de confianza legítima y mantenga los factores que le permitan al contribuyente gozar de determinados beneficios o tratamientos sin que eso le represente un cambio súbito y sin justificación suficiente.
En el país hay 5.500 estaciones de servicio de combustible que generan recaudo de impuestos por más de $7 billones
Todos los que trabajamos con inversionistas también pedimos unas constantes regulatorias que permitan prever adecuadamente hacia dónde van las disposiciones fiscales.
¿Qué están esperando las empresas?
Además de seguridad jurídica que significa una buena reglamentación, se necesita una actitud de los funcionarios de la Dian que entiendan que los principios sustanciales se deben respetar en los procesos de fiscalización y que no se mire a todos los contribuyentes como evasores, sino que se revise cada caso.
También está el efecto de la reglamentación pendiente que es muy importante para tener claras las reglas de juego y el efecto de las sentencias que están pendientes de fallo de la Corte Constitucional.
¿Y las personas naturales?
Tendrán que tomar decisiones asociadas a los activos en el exterior que puedan estar en circunstancia de omisión tributaria o subvaluación. Las personas naturales con activos en el exterior tendrán que evaluar su cumplimiento tributario con límite el 25 de septiembre. También deben presentar la declaración de renta, aplicando las normas vigentes para 2018, es decir antes de la Ley de Financiamiento pero que son retadoras como la cedulación de rentas y otros criterios derivados de la reforma de 2016.
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