Los funcionarios de las Altas Cortes en el ‘ojo del huracán’

En los últimos meses han aumentado considerablemente las críticas contra los magistrados de las Altas Cortes, al parecer, el escándalo del ‘carrusel de pensiones’ fue el detonante de las diferentes denuncias que se conocen contra los juristas en la actualidad.

Para muchos, luego de que se supo que algunos funcionarios estaban moviendo fichas dentro de las corporaciones para que magistrados auxiliares pasaran breves periodos en cargos superiores, para obtener una alta pensión, se perdió el miedo de delatarlos. Es así, como en la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes, más de 60% de las denuncias son interpuestas contra los funcionarios de las Altas Cortes. Sin embargo, vale la pena aclarar que hasta el momento ningún magistrado ha sido sancionado. Dicha Comisión recibió en 2010, 701 procesos, de los cuales se archivaron tres; en 2011 radicaron 1.303 y archivaron 34 y entre 2012 y 2013, llegaron a la entidad 793 procesos y se archivaron 307.

Los casos más comunes de las denuncias contra estos funcionarios tienen que ver con la búsqueda de más beneficios laborales para ellos, como la edad de retiro, pensiones, viajes y comisiones en el exterior. En esta medida, los expertos cuestionan la manera como se eligen los magistrados. De acuerdo con el constitucionalista, Juan Manuel Charry, “este es un proceso equivocado que ha llevado a que se politicen las elecciones y se hagan intercambios de favores”. Aclaró que este mecanismo hace que no lleguen los profesionales con mayor calidad y preparación, sino los mejores para autopromoverse. En este sentido, y ante la nula sanción a los magistrados, Charry dijo que las investigaciones en las ramas del poder están desequilibradas, porque el Congreso sí recibe sanciones pero los magistrados y presidentes todavía no.

Alberto Rojas Ríos

El magistrado de la Corte Constitucional, Alberto Rojas  Ríos ha sido blanco de muchas críticas desde el momento de su elección. Días antes de su posesión, se conocieron denuncias en su contra por no haber entregado el dinero de una indemnización un cliente, sumado a que presuntamente evadió impuestos. Aunque las aclaraciones fueron pocas, Rojas se posesionó ante el presidente Santos, en un acto que duró menos de dos minutos.  Sin embargo, hace varios días se conoció que la Red de Veedurías demandó su elección por un error de procedimiento en la nominación, hecho que puede llevar a su destitución. Bustos, aseguró que en la polémica elección hubo irregularidades como, por ejemplo, la violación al artículo 232 de la Constitución que establece los requisitos para ocupar esa dignidad. En su criterio, Rojas Ríos no ha ejercido la profesión de abogado con buen crédito.

Ruth Marina Díaz

La presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Ruth Marina Díaz ha sido cuestionada por haber realizando un viaje por el Caribe con varios magistrados del Tribunal de Bogotá y Villavicencio. Hecho que ha detonado varias denuncias, que son parte de la investigación de la Comisión de Acusación de la Cámara y del Consejo Superior de la Judicatura. Al respecto, Díaz ha asegurado que el permiso que tomó para viajar está justificado en la ley y que en medio de su descanso trabajó en varios asuntos. Por su parte, Gloria Borrero, presidenta de la Corporación Excelencia en la Justicia, aseguró que le parece “bochornoso” no el hecho de los viajes y los permisos, sino que hubiera acudido a pasear con personas que “tienen pendientes decisiones de ella y eso es un claro tráfico de influencias”, agregó. Además, dijo que este tema de los permisos se debería reglamentar mediante una Ley Estatutaria.

Nelly Villamizar

La magistrada del Tribunal Contencioso Administrativo de Cundinamarca, Nelly Yolanda Villamizar de Peñaranda, tiene una investigación en el Consejo Superior de la Judicatura por faltas al Código Único Disciplinario y una denuncia por injuria y calumnia en la Fiscalía General. Al parecer, la funcionaria culpó a sus compañeros de haber recibido $400 millones para fallar a favor del alcalde de Cota, Cundinamarca, Juan David Balcero.  La Judicatura llamó la atención diciendo que la Magistrada violó el buen nombre y honra de sus compañeros basada únicamente en rumores. Esto porque Villamizar acusó  al magistrado Fredy Ibarra y al secretario de esa corporación Alejandro Bautista, a quienes les atribuyó varios delitos. En cuanto al secretario de esa corporación Alejandro Bautista, la magistrada Villamizar indicó que recibió $150 millones para los mismos efectos.

Temistocles Ortega

El gobernador del departamento del Cauca, Temístocles Ortega Narváez, se debate en el escándalo nacional  del “ carrusel de las pensiones”, por sus actuaciones cuando fue presidente del Consejo Superior de la Judicatura. Por este hecho, la Contraloría General de la Nación lo llamó a juicio fiscal junto con 12 magistrados más de la Corporación, luego de una investigación sobre la situación de magistrados auxiliares nominados por las salas disciplinaria y administrativa entre los años 2007 y 2010. En este caso, Ortega nominó a Petrona Perafan Ordoñez. Carlos Eduardo Umaña, contralor delegado para el asunto de las pensiones, aseguró que se encuentra esperando que el Vicecontralor resuelva dos nulidades interpuestas por los apoderados de los magistrados para continuar el desarrollo de este caso y tomar las decisiones sobre los delitos fiscales que se les imputó a los funcionarios.

William Giraldo

El exmagistrado del Consejo de Estado, William Giraldo estuvo envuelto en una polémica entre la Corte Constitucional y dicha Corporación sobre la edad de retiro de los magistrados. Giraldo cumplió 65 años y según Pablo Bustos, presidente de la Red de Veedurías de Colombia, buscó la manera de incluir en la fallida reforma a la justicia el aumento de dicha edad a 70 años. Luego de varias luchas y tutelas, Giraldo presentó su renuncia pero continúa la disputa entre las Altas Corporaciones porque para la ley, algunas tienen ese privilegio y otras no. Así lo explicó el constitucionalista, Juan Manuel Charry, quien agregó que no solo en este caso, sino en muchos, el Consejo de Estado ha intentado que se reconozca el mismo beneficio que tiene la Corte Constitucional, dejando que sus funcionarios se retiren cuando cumplan su periodo, todo debido a una “mala interpretación”.

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