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Legislación

Los puntos clave de la reforma a la justicia que estructuró el gobierno Duque

Ministerio de Justicia propone reestructurar las altas cortes en su proyecto de reforma estructural a la rama judicial

13 de septiembre de 2018

José David Castilla


Canal de noticias de Asuntos Legales

El proyecto que radicará el gobierno se divide en tres ejes principales: garantizar la transparencia en la rama; aumentar la eficiencia del servicio judicial y garantizar la seguridad jurídica.

La Ministra Gloria María Borrero estructuró junto al presidente Iván Duque una serie de reformas estructurales a la rama judicial, que buscan responder a la crisis de legitimidad que atraviesan los altos tribunales del país.

Transparencia
Uno de los puntos esenciales del proyecto plantea la eliminación de facultades electorales de las cortes. El Procurador, el Auditor y el Registrador serían escogidos por el Congreso previa convocatoria pública. Sin embargo, el proyecto le deja la facultad a la Corte Suprema de Justicia para elegir al Fiscal General de la Nación, debido a que esta entidad hace parte de la Rama Judicial.

La propuesta también propone sanciones más severas y ampliar el régimen de inhabilidades de los magistrados que compongan las altas cortes. También implementarán el impedimento para litigar durante cuatro años en causas que competan a la rama del derecho en la que fueron magistrados.

También proponen instaurar Comisión de Disciplina Judicial, que se estructuraría mediante concurso de méritos y se conformaría como un nuevo tribunal disciplinario para investigar las conductas y el régimen de inhabilidades de los funcionarios que pertenecen a la rama.

Por otra parte, modificarían los periodos institucionales del Fiscal General de la Nación y del Auditor General. Para el primero, establecerían un período que coincida con el inicio y la finalización del período presidencial. Mientras que para el Auditor fijarían una temporalidad de 2 años, para hacer frente a los requerimientos de la entidad.

Eficacia y calidad
En este punto, plantean aumentar los requisitos para postularse como magistrado del Consejo de Estado o de la Corte Suprema de Justicia. El proyecto establece que el candidato debería acreditar 5 años de experiencia como juez o magistrado de tribunal y veinte años de experiencia profesional en el campo del derecho.

En cuanto a la estructura de la rama, proponen la creación de tres nuevas instituciones: Comisión Interinstitucional de la Rama Judicial; Dirección General de la Rama Judicial y de la Comisión de Carrera Judicial. La intención principal del gobierno es establecer órganos centralizados para coordinar y administrar el ejercicio de todos los profesionales en derecho.

En el campo del derecho penal, la propuesta busca modificar la estructura del procedimiento, otorgándole la facultad al juez de control de garantías para dictar sentencias en los casos donde exista un allanamiento a los cargos imputados.

Seguridad Jurídica:
Dentro de este eje, la reforma plantea la obligatoriedad del precedente judicial y la unificación de las jurisprudencias de las altas cortes.

Uno de los puntos más críticos es reorientar los alcances de las acciones de tutela. Dentro de los 5 puntos de reforma que propone el gobierno sobre este mecanismo, buscarán que el accionante deba legitimarse para presentar la acción, es decir, le impondrían unos impedimentos a la ciudadanía para presentar este tipo de tutelas. También limitarían las facultades jurisdiccionales para que no todos los jueces tengan la facultad de ser jueces constitucionales, evitando así que resuelvan las controversias por acciones de tutela.

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