miércoles, 5 de septiembre de 2018
Proyecto de ley crea grandes expectativas en especialistas de penal corporativo
El nuevo proyecto de ley radicado por el Gobierno propone implementar la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Los expertos han sostenido que esta nueva regulación podría traducirse en oportunidades de crecimiento para las firmas que se dedican al derecho penal corporativo, porque explorarán los terrenos de asesorías empresariales para fomentar la cultura de la prevención. Esta implementación también supone un reto para modernizar el sistema penal y combatir la corrupción.
Para el abogado penalista Jaime Granados el proyecto de ley “va en la dirección correcta, y nos permite equipararnos con otros países como Italia o Estados Unidos”. Sin embargo, considera que existen ciertos elementos incompletos en la ley, porque “no basta con crear un capítulo aparte del Código Penal, se deben sistematizar unos aspectos de la imputación para que la ley sea efectiva”.
LOS CONTRASTES
Raúl Eduardo SánchezAbogado especialista en Derecho Penal
“Esta figura no es ajena a nuestra legislación. En varias ocasiones han intentado establecer el tema con distintas leyes, pero siempre fue algo muy tímido. La figura parcialmente existe, pero no la han aplicado”.
La figura jurídica también fue defendida por Raúl Eduardo Sánchez, autor del libro “Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas”. El jurista dice que “esta figura no está en contravía de la Constitución, es más nos permite adaptarnos a los tratados internacionales suscritos por Colombia para combatir la corrupción”. Sobre el nuevo proyecto de ley considera que “el gran problema no es la existencia de un nuevo aparato normativo, sino que se hagan efectivas estas sanciones, porque el efecto sancionatorio y persuasivo de estas medidas es tan grande, que nos permitiría combatir directamente la corrupción”.
En cuanto a las oportunidades de negocio que traería esta nueva propuesta, Nicolás Alviar, socio de la firma Alviar Abogados, considera que el proyecto “genera un campo de acción muy amplio para las firmas y los bufetes de abogados, porque impone sanciones muy drásticas para las empresas que se vean involucradas en casos de corrupción, y requerirían un servicio mucho más especializado en este campo”.
Alviar también cree que la estructuración de los comités de ética empresarial dentro de cierto tipo de compañías “permitirá que los expertos en derecho penal corporativo exploren el campo de las consultorías y se fortalezca una cultura de la prevención”.
Alejandro Mejía, socio de Cáez Muñoz Mejía Abogados, comparte las expectativas de crecimiento que esta nueva implementación podría significar para el mercado del derecho. Sin embargo, considera que el proyecto puede ser “un acto de importación de normas sin sopesar los aspectos críticos que otros países han recogido a lo largo de los años. Colombia debe aprender cuáles son los desafíos procesales y sustanciales que supone este cambio de paradigma”. El abogado dijo que la modificación también genera un fuerte impacto en instituciones como la Fiscalía y la Policía para que respondan a este nuevo desafío.
Este tema ya había sido estudiado por la Corte Constitucional. El máximo tribunal dijo en la sentencia C-320 de 1998 que en “ciertos delitos, la extensión de la imputabilidad penal a ciertas personas jurídicas resulta necesaria para proteger debidamente a la sociedad”. Los expertos opinan que algunas leyes trataron tímidamente el tema, pero hoy surge una gran oportunidad para avanzar.
Antecedentes
El Procurador Fernando Carrillo radicó un proyecto de ley que busca atacar actos de corrupción. Dentro de la propuesta del Gobierno se contempla crear un capítulo en el Código Penal para consagrar explícitamente la responsabilidad penal de las personas jurídicas cuando cometan actos que atenten contra la administración pública, el medio ambiente y el orden económico. El proyecto también contempla implementar programas de ética empresarial para prevenir actos delictivos y de corrupción.
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