Los funcionarios de la Rama Judicial serían afectados por reducción salarial de congresistas

El sistema salarial de los funcionarios de la Rama Judicial en Colombia no se define de manera aislada, sino que está atado a una estructura normativa que fija escalas, primas y bonificaciones con base en reglas de equiparación con otras ramas del poder público.

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Jueces, magistrados y otros servidores judiciales reciben un salario básico al que se suman componentes como prima de servicios, prima especial y bonificaciones, cuya proporción varía según el cargo y el nivel jerárquico. Uno de los elementos centrales de esa estructura es la referencia que se genera con los salarios de altos funcionarios del Estado, incluidos los congresistas.

En varios casos, la remuneración de magistrados de altas cortes y otros cargos judiciales ha estado parcialmente ligada a la asignación de los miembros del Congreso, lo que implica que cualquier modificación en los ingresos de estos últimos puede tener un efecto en cadena dentro de la Rama Judicial.

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Por esa razón, el decreto que elimina la prima de servicios para los congresistas no solo impacta el ingreso de senadores y representantes, sino que puede alterar el cálculo de remuneraciones en la justicia. Esto quiere decir que si la base sobre la cual se hacen las equivalencias disminuye, los salarios y primas de ciertos funcionarios judiciales podrían verse afectados, abriendo un debate sobre la autonomía presupuestal de la Rama Judicial y la estabilidad de su régimen salarial.

Salarios de la Rama Judicial

Eisenhower Gallego Sotelo, socio de Sescol Abogados, explicó que los salarios de los funcionarios de la Rama Judicial se fijan mediante decretos del Gobierno Nacional, expedidos por el Presidente de la República en desarrollo de las facultades otorgadas por el literal b del artículo 1 de la Ley 4ª de 1992.

“Esta Ley establece los criterios generales para fijar el régimen salarial y prestacional de los servidores públicos, incluidos los de la Rama Judicial. Así mismo, señala de manera especial la obligación que tiene el Gobierno Nacional de ajustar el salario de las Altas Cortes durante el mes de enero”, indicó Gallego.

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Mauricio Pava Lugo, socio fundador de MPa Derecho Penal Corporativo, explicó que para la Rama Judicial, la ley introdujo mecanismos de nivelación, como la prima especial de servicios, “orientados a mantener una estructura salarial coherente entre cargos y a preservar el equilibrio entre las ramas del poder público”.
Allí también mencionó que la Ley establece criterios de proporcionalidad y equilibrio en la escala salarial del Estado.

“Además, el Gobierno debe respetar principios como sostenibilidad fiscal, jerarquía entre cargos y racionalidad del gasto público, por lo que no puede modificar libremente el régimen salarial fuera de los parámetros fijados por la ley”, detalló Pava.

Eliminación de prima

Lo primero que hay que saber es que esta prima de servicios fue creada mediante el Decreto 2170 de 2013 como sustitución de otras primas (localización, vivienda y salud), las cuales habían sido declaradas nulas por el Consejo de Estado en Sentencia de 28 de febrero de 2013.

Gallego explicó que “como consecuencia de lo anterior, el Gobierno en su momento, y ante la imposibilidad de cumplir con los requerimientos realizados por el Consejo de Estado para mantener la prima de localización, vivienda y salud, dispuso crear una nueva prima especial de servicios, equivalente en su momento por un valor de $7.898.445 con el objetivo de: “(…) Qué por todo lo anterior es necesario sustituir las primas de localización y vivienda y de salud de los congresistas, por otra que mantenga el valor de la remuneración que por su trabajo vienen percibiendo estos servidores públicos”.

Por su parte, con el Decreto 0030 de 2026 el Gobierno eliminó la prima especial de servicios para congresistas a partir del 20 de julio de 2026. Aun así, este decreto podría ser demandado a través de la acción de simple nulidad, la cual deberá ser radicada ante el Consejo de Estado, organismo que se encarga de revisar los argumentos en contra del decreto y determinar si el contenido de este se ajustó o no a la legislación nacional vigente.

Pava agregó que la Corte Constitucional, por regla general, solo revisa leyes o decretos con fuerza de ley. “De hecho, el decreto que creó originalmente esta prima ya fue objeto de demandas ante el Consejo de Estado”, indicó.

Los expertos explicaron que la razón por la que este decreto afectaría los salarios de la Rama Judicial es debido a que, según el artículo 15 de la Ley 4a de 1992, se establece que la remuneración total de los magistrados de las altas cortes debe igualar la de los congresistas mediante una prima especial de servicios.

“Por esa razón, si disminuyen los ingresos totales de los congresistas, por ejemplo, al eliminar una prima, también se reduce automáticamente la base de cálculo de esa prima para los magistrados, generando un efecto directo en la cúpula de la Rama Judicial”, explicó Pava.

Lo que dice el Gobierno

El Gobierno había mencionado que la eliminación de la prima se traducía en una disminución de entre $12 y $16 millones en los sueldos de senadores y representantes. En la parte considerativa del decreto se señalaba que la decisión se adoptaba con fundamento en la desproporción entre el salario de congresistas y el ingreso promedio nacional, haciendo imposible el cierre de brechas contenido en el plan nacional de desarrollo Ley 2294 de 2023; y la austeridad y la sostenibilidad fiscal.

El ministro de Hacienda, Germán Ávila, había mencionado que esta reducción hacía parte de una estrategia para reducir costos de funcionamiento del Estado; mientras que Antonio Sanguino, ministro de Trabajo, señaló que este “un acto de justicia social que acompaña el incremento del salario mínimo”.

Antecedentes

Los nuevos senadores y representantes que se posesionen ya no recibirán ese componente mensual cercano a $17 millones de la prima de servicios. Con ese ajuste, el ingreso bruto mensual pasará de aproximadamente $51,6 millones a cerca de $34,7 millones, que corresponden a la suma de la asignación básica y los gastos de representación. Cabe recordar que el Congreso está conformado por 103 senadores y 183 representantes a la Cámara.