Andrea del Pilar Mancera - amancera@larepublica.com.co Lunes, 9 de julio de 2012

La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia abrió una investigación preliminar en contra de todos los actuales integrantes del Congreso de la República, para determinar si incurrieron en el delito de prevaricato, al aprobar irregularmente una Ley que castiga la discriminación sexual y racial.

Se trata de la Ley 1482 del 2011, que había sido objetada por inconstitucional por el presidente Juan Manuel Santos, pero que, según el denunciante, no fue corregida por parte del Congreso. El denunciante, Víctor Velásquez, señaló que si la ley fue objetada por el Presidente debido a que afecta derechos fundamentales, tendría que haberse archivado pero, lo que hizo el Congreso fue devolverla sin mayor cambio a la Presidencia, que la sancionó. La denuncia también señaló que esta ley 'al establecer un nuevo derecho, como es la orientación sexual, tendría que haberse hecho como acto legislativo'.

Pero ¿qué hay detrás de todo esto?. LR consultó a varios expertos juristas y la mayoría coincidieron en que esta medida no llegaría a ningún término específico. Es decir, los congresistas no tienen buena imagen y los llamados `Padres de la Patria` no han cumplido con sus deberes constitucionales, es así como una investigación por prevaricato a todos los congresistas sería un descalabro para la imagen política colombiana en el ámbito internacional. Además, los analistas opinaron que se debe tener en cuenta el Acto Legislativo 01 de 2012 en el cual se incluye un parágrafo que prácticamente avala las acciones del Congreso de la República. Para los expertos, se puede llevar a cabo el proceso, pero no existe quien lleve el peso político que esto conlleva.

Se debe tener en cuenta que un caso parecido ocurrió con el llamado `proceso 8.000 en el cual se inició una investigación cuando se absolvió de toda culpa al entonces presidente Ernesto Samper. En esta ocasión, la ex fiscal Vivianne Morales presentó una tutela.

Lo que sí es cierto, es que se enfrenta una `desinstitucionación` del aparato político.

Se estima que se abra un proceso y que la Fiscalía tome parte en el asunto, pero queda por resolver la implicación directa en el caso.

Así mismo, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia abrió investigación preliminar en contra de los 12 congresistas que conformaron la Comisión de Conciliación del proyecto de Reforma a la Justicia.

En oficio firmado por el presidente de la Sala Penal, José Leonidas Bustos; el presidente de la Corte, Javier Zapata, y el magistrado Julio Enrique Socha Salamanca señala que la investigación por estos hechos quedó reunida en el proceso de única instancia número 39308.

En ese proceso quedaron reunidas las ocho denuncias existentes en contra del Proyecto Legislativo 07 de 2011, la última de las cuales fue presentada por el abogado Saúl Villar, en contra de los senadores de la Comisión, y que fue anexada a la indagación macro el pasado 04 de julio.