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Esteban Feria viernes, 19 de febrero de 2021

El movimiento ilegal aceptó su participación en delitos de secuestro que recientemente les atribuyó la Justicia Especial para la Paz

En un comunicado emitido por Rodrigo Londoño, jefe del partido político Comunes, junto a un grupo de exmiembros de las extintas Farc-EP, el movimiento ilegal aceptó su participación en las actividades delictivas de secuestro que recientemente les atribuyó la Justicia Especial para la Paz (JEP).

En el taller “Análisis del auto 019” donde se reunieron distintos líderes, reconocieron ante la JEP como a la opinión pública la responsabilidad por el secuestro y el sufrimiento generado a las víctimas del conflicto.

“La confrontación surgió como una medida de defensa de los derechos de los campesinos a la vida y la tierra y se prolongó ante la injusticia y el ataque contra los sectores populares”, afirmaron en la carta que publicaron.

Los integrantes del partido aseguraron que en la justicia transicional han continuado con los procesos que aportan a la verdad, por medio de la comparecencia colectiva desde el 23 de septiembre de 2019, para darle continuidad al proceso y acuerdo final de paz, incluyendo el Sistema Integral de verdad, justicia, reparación y no repetición.

“La verdad siempre será revolucionaria. Es por ello que seguimos reconstruyendo nuestra memoria, para disputar el relato histórico” agregó Londoño en la carta, asegurando que luchará por construir un proyecto político cada vez más sólido y fruto de un proceso de reflexión, aprendizaje y reconciliación con las víctimas.

El partido invitó a los colombianos a exigir la implementación del acuerdo final, para así poder acompañar a los excombatientes en sus procesos de reincorporación, buscando una sociedad que cese la violencia política y aliente a los actores civiles y militares, que también cuentan con grandes responsabilidades dentro del conflicto, a que aporten su parte de la verdad.

Este reconocimiento por parte de los exintegrantes de las extintas Farc se da luego de que en enero, la JEP determinara que ocho miembros pertenecientes al secretariado del grupo armado tenían responsabilidad en crímenes de lesa humanidad, guerra en toma de rehenes y privaciones graves de la libertad, además de otros en relación con los secuestros como sería la tortura, violencia sexual, desplazamiento forzado y tratos crueles.

Para cerrar la carta, solicitaron a la Jurisdicción Especial para la Paz, tramitar urgentemente las amnistías que están pendientes en la Sala de Amnistías e Indulto, para garantizar la libertad a los desmovilizados que se encuentran en prisión. Por último, dejaron claro que seguirán con el proceso a pesar de las 258 vidas apagadas de firmantes del proceso de paz.

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