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Colprensa Sábado, 10 de agosto de 2013

La Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos contra el exgobernador del Amazonas, Olbar Andrade Rincón, por posibles irregularidades en contratación de obras públicas en su departamento cuando era funcionario.

Según las investigaciones, dichas irregularidades se tratan del supuesto fraccionamiento de contratos en dos convocatorias públicas para la construcción de aulas en un resguardo indígena.

En ese sentido el Ministerio Público señaló que el exmandatario habría exigido, dentro de los requisitos, que los encargados de las obras conocieran el lenguaje de los resguardos en los que se construirían las aulas escolares, conocimiento que debía ser certificado por la autoridad de la comunidad que habita la zona.

Según el organismo de control, esa exigencia vulnera los principios de la contratación estatal, pues “la convocatoria pública debe ser abierta para que participen los interesados sin demandar condiciones o exigencias que impidan la libre concurrencia”.

Esta determinación disciplinaria también cobija a Víctor Julio Segura Ruiz, en su condición de director de Planeación; y Hernán Aguilar Castro, en su calidad de director del Departamento Jurídico, quienes habrían incurrido en falta disciplinaria en ejercicio de funciones como gobernadores encargados del departamento de Amazonas para la época en la que sucedieron los hechos.

De igual forma, el exgobernador habría incurrido en otra falta relacionada con el posible fraccionamiento de dos contratos de obra para el suministro e instalación de tuberías para alcantarillado de aguas lluvias en diferentes sectores de la capital del departamento, Leticia.

Según las investigaciones, dichos contratos tendrían el mismo objeto y para hacerlo habría argumentado que “el procedimiento era permitido por cuanto se había efectuado conforme lo dispuesto en el artículo 2º del Decreto 3576 de 2009”, pese a ello y según reza el pliego de cargos, este había sido “suspendido provisionalmente por el Consejo de Estado seis meses antes de la fecha de celebración de estos contratos”.

En la misma decisión, la Procuraduría investiga a los señores Segura Ruiz y Aguilar Castro, quienes al ser encargados de las funciones de gobernador del Amazonas en los meses de agosto y noviembre de 2010, respectivamente, quienes habrían suscrito otras convocatorias, diferentes a las ya mencionadas.

Según el Ministerio Público en esas convocatorias habrían exigido a los interesados condiciones que posiblemente limitaron la participación de los oferentes, afectando el principio de igualdad y el trámite de selección objetiva, al no garantizar la competencia requerida para el proceso.

La faltas disciplinarias que endilga la Procuraduría a los tres personajes investigados fueron calificadas como “gravísimas” y cometidas a título de dolo.

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