Más de 1,5 millones de colombianos buscarían recuperar el dinero de sus fotomultas

Una denuncia presentada ante la Fiscalía General de la Nación por el abogado Ricardo Ruge Cabrera advierte presuntas irregularidades en la operación de los sistemas de fotodetección y la administración de los recursos recaudados a través del Sistema Integrado de Información sobre Multas y Sanciones por Infracciones de Tránsito, Simit.

El caso podría involucrar a 7,5 millones de comparendos impuestos entre 2018 y 2024. De acuerdo con las cifras presentadas por el abogado, cerca de seis millones de conductores figurarían como morosos o tendrían embargos, mientras que otros 1,5 millones ya habrían pagado las multas y buscarían recuperar su dinero.

La denuncia señala al presidente de la Federación Colombiana de Municipios (FCM), Gilberto Toro Giraldo, y cuestiona el modelo de contratación relacionado con el Simit. En particular, apunta a la empresa Dicitec S.E.M. S.A.S., que, según el documento, habría concentrado más de 50% de los recursos del sistema mediante esquemas de contratación directa y subcontratación.

Entre los casos expuestos figura un contrato por $25.290 millones, de los cuales Dicitec habría trasladado $17.432 millones a otra compañía mediante una subcontratación. La denuncia, radicada bajo el número 2026201305514361, contiene 49 hechos y cerca de 1.200 folios de soportes documentales.

A las presuntas irregularidades contractuales se suman los cuestionamientos sobre la autorización y operación de las cámaras. Según Ruge, aproximadamente 35% de los dispositivos de fotodetección no contarían con autorización de la Agencia Nacional de Seguridad Vial. También señala posibles incumplimientos en la señalización preventiva y la calibración de los equipos.

Por otra parte, el abogado destaca un fallo del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, del 4 de septiembre de 2026, que ordenó restituir $84.752 millones a municipios y distritos por concepto de excedentes financieros y rendimientos relacionados con las multas de tránsito.

Las estimaciones presentadas por Ruge indican que las posibles sanciones podrían superar los $2,1 billones. No obstante, aclaró que esto no significa que todas las fotomultas del país sean ilegales ni que los conductores tengan derecho automático a una devolución, pues cada caso debe revisarse individualmente.

La iniciativa cuenta con el respaldo de Conduapps y organizaciones de transportadores, camioneros y motociclistas. Como parte de las acciones para reunir a los afectados, también fue creada la página simitdevuelvemelaplata.com, desde donde buscan recopilar información y promover reclamaciones para exigir la revisión de los comparendos y la devolución de los recursos cuando corresponda.