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Cristian Acosta Argote - cacosta@larepublica.com.co miércoles, 10 de marzo de 2021

La Contaduría General de la Nación encontró que los impagos ascendieron a $117 billones hasta el penúltimo mes del año pasado

El Ministerio de Hacienda, a través de la Contaduría General de la Nación, reveló los resultados del Boletín de Deudores Morosos del Estado con corte a noviembre de 2020, donde se compilan los pagos pendientes por parte de la ciudadanía, cuando las deudas superaron el plazo de seis meses y si son de más de cinco salarios mínimos mensuales legales vigentes.

El reporte con la información consolidada hasta el penúltimo mes del año pasado reveló que 1.696 entidades públicas reportaron un valor total de la deuda por $117 billones, esto es una cifra muy alta frente al déficit para las arcas públicas del Estado y un 24% mayor a lo registrado hasta noviembre de 2019.

Un total de 1.113.097 son las responsables del hueco financiero reportado. Esta cifra está dividida en dos grupos: las personas naturales y jurídicas. El primer conjunto de ciudadanos (956.624) debe $86 billones, lo cual representa 73,6% de la deuda total. En cuanto a las personas jurídicas (176.000), la deuda asciende a $30 billones, lo cual es una cifra menor, pero representa más de 20% del total del impago.

El experto consultado por Asuntos Legales, Juan David Beltrán, especialista en Derecho Administrativo, afirmó que el reporte ha tenido varios cambios con el tiempo. El principal es que las entidades deben reportar los resultados ante el MinHacienda para realizar un consolidado de todas las partes adscritas. Antes, según el experto, cada una de las entidades debía revelaba su reporte de manera individual, acción que podía mitigar los efectos del análisis y la elaboración de estadísticas.

El boletín tiene una marcada diferenciación entre el déficit a nivel nacional y territorial. Para Beltrán, esta división sirve para conocer de dónde proviene la deuda. “Este tipo de deuda con el Estado puede provenir de impuestos territoriales, o sea, de departamentos y municipios; también la ciudadanía puede estar en mora con la nación o entidades como la Dian.

El reporte busca diferenciar las personas morosas a nivel nacional, municipal y departamental, además de las entidades que funcionan en cada una de estas categorías”.

A nivel territorial, el reporte arrojó que 1.509 entidades públicas reportaron un nivel de acreencias de 19%, tomando como referencia la deuda total. El valor de la deuda alcanzó $22 billones con un total de 578.000 personas naturales y 68.000 jurídicas, con lo cual, los ciudadanos naturales siguen siendo los que más acreencias tiene con el Estado.

A nivel nacional, el reporte afirmó que 187 entidades públicas reportaron que la deuda corresponde a 81% del restante de la deuda total. En este apartado, el valor alcanza $94 billones de 479.698 personas que se encuentran en mora.
Beltrán recordó el déficit causado por la falta de estos pagos de deudas ante el Estado pueden generar carencias presupuestales.

“Estos dineros que siempre tuvieron que estar en las arcas del Estado, porque su funcionamiento depende de los impuestos. Cuando hay una deuda por ciudadanos morosos, se ve afectada directamente la inversión del Gobierno”.

En cuanto a las formas en que el Gobierno puede recuperar el dinero proveniente de la deuda, el experto aseguró que en el pasado existían mecanismos para que los deudores no pudiesen contratar con el Estado. Sin embargo, en 2005, la Corte Constitucional declaró inexequible la sentencia C-1083 de 2005 que dictaba esa limitante para ejercer trabajos relacionados con el Gobierno.

LOS CONTRASTES

  • Hernán Rocha ChacónAbogado Especialista. Maat Legal Consulting

    “Por medio de la jurisdicción coactiva, la administración puede hacer exigibles a favor de la entidad y por vía ejecutiva el pago de las obligaciones pendientes”.

  • Juan David BeltránEspecialista en Derecho Administrativo

    “A futuro, debería haber una norma que permita a la entidad reportar al deudor ante centrales de riesgo para que el registro de impago esté en su vida crediticia”.

“La Corte indicó que las personas tenían derecho a la igualdad y no se les podía negar el derecho al trabajo. Era una forma de presionar el pago de las deudas, pero desde 2005 se deben llevar a cabo otros procedimientos que resultan más engorrosos”.

Ante este panorama, las entidades públicas con necesidad de pago solo podrán hacerlo a través del cobro coactivo, el cual consiste en respaldar la deuda a través del respaldo patrimonial del ciudadano moroso. Sin embargo, si esta persona no cuenta con los recursos para saldar las acreencias, el proceso coactivo termina siendo inoperante.

“Se trata de un proceso difícil porque cada entidad tiene su grupo de cobro coactivo basado en sus propias reglas: luego de establecer el problema con el pago, el proceso debe ser evaluado por un juez que examinará el documento que ratifica la deuda. De esta manera se examina si el ciudadano tiene los bienes para responder por la acreencia. Los costos también son elevados para las entidades cuando se llevan a cabo este tipo de trámites”, afirmó Beltrán.

Uno de los principales problemas de esta modalidad de cobro es que las personas también pueden ejercer sus derecho a la defensa, lo cual generaría pugnas legales en los estrados judiciales que pueden generar demoras en el proceso, así como altos costos para su ejecución.

Como dato final, el reporte también reveló cuáles fueron las entidades con mayores acreencias reportadas hasta final de 2020. Por número de personas morosas, destaca en el primer lugar el Banco Agrario de Colombia, con un total de 164.349 deudores con impagos por $2,9 billones. Si el análisis se hace por monto de deuda, la entidad que lidera el ranking es el Consejo Superior de la Judicatura que a corte en noviembre contaba con 58.697 morosos y una deuda de $57 billones.

En cuanto a nivel territorial, ciudades como Bogotá, Cali, Medellín y Cartagena tenían altos índices de personas morosas. La capital del país contaba con poco más de 82.000 deudores y una cifra pendiente que ascendió a una suma de $2,7 billones.

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