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  • Colprensa

miércoles, 9 de julio de 2014

La Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos en contra del exconcejal de Bogotá, Orlando Parada Díaz, por posibles hechos irregulares relacionados con el denominado “carrusel de la contratación” en la ciudad.

Al parecer, el entonces concejal aprovechó su cargo e influenció a Iván Alberto Hernández Daza, director de la Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial, para que lo favoreciera en la gestión comunitaria de mantenimiento de vías.

Esa influencia que habría sucedido entre el 30 de marzo de 2009 y el 31 de diciembre de 2011, también se habría ejercido para el nombramiento de recomendados en cargos de la entidad, en la obtención de recursos económicos para financiar su campaña política y para favorecer a contratistas Julio Gómez y Emilio Tapia, quienes participaron en los procesos Licitatorios 007 y 008 de 2009.

Las pruebas recaudadas por la Procuraduría, indican que Parada se reunió con los también exconcejales Hipólito Moreno y Ronaldo Andrés Camacho Casado antes y después de la posesión del Hernández Daza con el propósito de indicarle que “(…) el respaldo que se le daba era para que los ayudara, como ya se indicó, en gestión comunitaria, cargos dentro de la entidad y apoyo económico para las campañas”.

A Parada Díaz también se le endilgó otro cargo disciplinario relacionado con haber recibido, al parecer, $400 millones por parte de Hernández Daza, recursos provenientes del representante legal de la firma Patria S.A, Javier Mejía Bernal.

De acuerdo con la Procuraduría esos recursos “fueron cobrados por la firma Manuel Sánchez C Abogados Consultores & Asociados Ltda. a la empresa Patria S.A., mediante las facturas 0811 y 0823 del 29 de septiembre de 2010 y 18 de marzo de 2011, como contraprestación por sus oficios en la adjudicación de la licitación 021 de 2010, y con el propósito de poder, en el futuro, manejar posteriores licitaciones, a su favor”.

Las dos conductas objeto de investigación por parte del Ministerio Público fueron calificadas provisionalmente como gravísimas, a título de dolo.

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