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Judicial

Mauricio Lizcano responde a estrategia que tendrá Colombia en pleito con Telefónica

El Ministro de las TIC resaltó que en términos económicos "pagar $2,5 billones es un adefesio, este caso tenemos que pelearlo"

15 de noviembre de 2024

Sofía Alexandra Duarte Torres

sduarte@larepublica.com.co

Mauricio Lizcano, ministro de las TIC.
MinTic
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El Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, Ciadi, resolvió hace unos días en favor de Telefónica el procedimiento que enfrentaba al grupo de telecomunicaciones con el Estado colombiano.

En este lío judicial, el Ciadi le ordenó al Gobierno colombiano pagarle US$379,8 millones como parte de un proceso de arbitraje.

Ante estos hechos, en diálogo con en La FM de RCN, Mauricio Lizcano, ministro de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) se refirió los antecedentes de este pleito y las acciones legales que el país tomará para enfrentar la condena.

Lizcano afirmó que el conflicto se remonta a contratos de concesión firmados en 1994, que estipulaban que los operadores devolverían tanto el espectro como la infraestructura al término de los acuerdos. Enfatizó también en que "decían muy claramente que cuando terminaban se tenía que regresar no solo el espectro, sino también la infraestructura construida. Sin embargo, en 1998, un cambio en las normativas permitió que los operadores solo devolvieran el espectro, lo que generó la disputa actual”.

El país firmó un tratado de protección de inversiones con la Unión Europea, particularmente con España, que abrió la puerta para que Telefónica llevara su reclamo a instancias internacionales pues "Colombia ganó en los tribunales locales, pero luego el caso escaló a tribunales internacionales y ahí perdimos”.

El Ministro resaltó que en términos económicos el impacto es considerable porque con intereses la cifra podría superar los US$500 millones. Explicó entonces que "Colombia tendría que pagar $2,5 billones por esta demanda, incluyendo los intereses compuestos. Es un golpe significativo para las finanzas del país. Todavía nos queda el recurso de nulidad, puede haber una extralimitación del Tribunal Ciadi, este tenemos que pelearlo, pagar $2,5 billones es un adefesio".

Lizcano también reveló que en medio del proceso evalúa presentar un recurso de nulidad. “Nosotros creemos que al menos dos de esas causales aplican en este caso. Una de ellas podría ser la extralimitación de las funciones del tribunal, dado que este fallo afecta contratos que son anteriores a la ley en cuestión. La legislación no debe aplicarse de manera retroactiva”, afirmó.

Otro punto a considerar, es que MinTic no lideró la estrategia de defensa en el caso. El ministro explicó que este es un gran litigio de Estado que ha estado bajo la responsabilidad de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado desde el inicio.

Incluso, señaló que "les he pedido explicaciones sobre si hubo errores en la estrategia legal. Además, ellos tienen un plazo de 120 días para presentar el recurso de nulidad, que requiere un rigor especial ante una corte internacional”.

Por último, Lizcano afirmó que seguirán investigando lo ocurrido en 1994 y por qué, en 1998, se decidió que los operadores no tenían que devolver la infraestructura, pues el caso requeriría de un riguroso proceso investigativo.

Carta del MinTic

Lizcano solicitó, mediante una carta, a la Agencia de Defensa Jurídica del Estado que active de forma inmediata al menos dos de las causales de revisión que están previstas para este tipo de fallos internacionales.

Efectivamente, tal como declaró en la FM, en el documento se lee: "teniendo en cuenta el grave perjuicio que representa esta decisión, como Ministro de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, solicitamos se nos informe y explique la estrategia de defensa llevada a cabo por la Agencia de Defensa Jurídica del Estado en el desarrollo de dicho arbitramento, y las razones por las cuales fue condenada la Nación".

Por otro lado, solicitó que se haga uso del recurso de anulación contra el laudo y se pida la suspensión inmediata del mismo para evitar mayores perjuicios por intereses. Añadió que "desde este Ministerio consideramos que existen razones de hecho y de derecho más que suficientes para que se revise y anule el laudo".

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