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Humberto Suárez Gómez viernes, 19 de octubre de 2012

En virtud de dicho decreto se establece también la creación de una base de datos negativa, de la que harán parte los IMEI de los equipos terminales que han sido reportados como hurtados y o extraviados tanto en Colombia como en el exterior, para que procedan a inhabilitarlos en las redes de comunicaciones móviles.

Hasta ahí la medida suena lógica y hasta conveniente si es acompañada de un ataque frontal contra las mafias del regrabado de equipos. Sin embargo en este decreto el gobierno aprovecha para incluir dos restricciones que considero inocuas para el fin declarado además de inconstitucionales.

La primera consiste en restringir el comercio de equipos terminales; únicamente los operadores móviles y los autorizados por estos o por el Ministerio Tic podrán comercializarlos. Esta restricción no alcanzará ningún objetivo concreto en la lucha contra el hurto de celulares, pero en cambio si genera nuevos traumatismos en cuanto a la comercialización de equipos terminales, los cuales por el contrario requerirían ser puestos al alcance del usuario de forma libre e incluso promovida por el gobierno, ojalá liberándolos de impuestos, tazas y contribuciones e incluso subsidiarlos.

La segunda medida es aún más inocua y peligrosa, consiste en la creación de una base de datos positiva de equipos terminales, es decir que todo usuario de un equipo legal, también deberá acompañar el registro actual de su equipo con sus datos biográficos so pena de que su equipo sea incluido en la lista negativa y en consecuencia sea inhabilitado.

Esta medida no logrará contrarrestar en lo más mínimo el hurto de equipos celulares, si tenemos en cuenta que las mafias nacionales e internaciones cuentan con los conocimientos técnicos suficientes para regrabar los IMEI de los equipos robados y evadir la inhabilitación.

Aprovecho este espacio para solicitar a las autoridades de policía un informe acerca de los resultados de sus operaciones encaminadas al desmantelamiento de las mafias que comercializan los equipos celulares robados, y les pregunto ¿como puede ser posible que mientras a los ciudadanos nos restringen cada día más nuestros derechos fundamentales y nuestras garantías constitucionales con la excusa de la inseguridad, los delincuentes siguen vendiendo sus botines a plena luz del día en lugares por todos conocidos? ¿Cómo es posible que los mismos agentes de la institución sean clientes de estos ilícitos negocios?

Colombia es el único país del mundo donde la lucha contra el hurto de equipos terminales hurtados ha generado tal magnitud de restricciones en contra de los usuarios, de sus garantías fundamentales y en contra la libertad de comercio. Mientras las autoridades no enfoquen sus esfuerzos en contra de las mafias de la regrabación, esta medidas serán un rotundo fracaso que de ninguna manera justifica los graves inconvenientes que genera para los usuarios y para un sector donde cada vez se ve más lejano el día en que Colombia Viva Digital.

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