La Sala Plena rechazó, con una votación 6-3, una ponencia del magistrado Alberto Rojas Ríos que buscaba que los integrantes de la Fuerza Pública, víctimas de crímenes de guerra, debían recibir indemnización del Estado.
Esta ponencia buscaba que los militares afectados por torturas, tratos crueles e inhumanos o minas antipersonal, por ejemplo, podían ser reparados con un monto que podía alcanzar hasta los 20 millones de pesos.
Con esta decisión, se mantiene la disposición que señala que los militares son reparados “de acuerdo al régimen especial que les sea aplicable”. No obstante, sí son beneficiarios de medidas de satisfacción en términos de la ley de víctimas.
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La Corte concluyó que la ausencia de una ley que defina la creación de las Entidades Territoriales Indígenas complica la delimitación de competencias entre las autoridades indígenas y
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