jueves, 30 de mayo de 2013
Ante los menores precios de las exportaciones minero energéticas, adquiere creciente relevancia la estabilidad jurídica y la confianza en las instituciones para que inversionistas nacionales y extranjeros sigan considerando a Colombia como un país decidido a convertir el sector en una de las locomotoras del desarrollo. En 2012, según Fedesarrollo, el valor agregado por minería e hidrocarburos se elevó al 8% del PIB, sus exportaciones superaron el 72% de las totales y la inversión extranjera el 54%. En materia fiscal, los casi 32 billones de pesos pagados el año anterior -entre regalías, impuestos y dividendos-, podrían financiar el 80 por ciento del presupuesto de inversión de este año para educación, transporte y salud, además de los numerosos programas sociales, como Familias en Acción o el programa de la Red Unidos .
La difusión de estos y otros indicadores, así como de buenas prácticas productivas, ambientales y sociales del sector, sería de la mayor importancia frente a la satanización de la minería por cuenta del desconocimiento de las diferencias entre la minería empresarial, la artesanal y la ilegal. El gobierno ha adoptado recientemente medidas y anunciado políticas para consolidar esta actividad productiva, y que también ilustran desafíos pendientes para evitar que se revierta la percepción positiva sobre el desarrollo minero en Colombia.
Así, corresponde a la autoridad minera la próxima elaboración del Plan de Ordenamiento Minero, establecido en el artículo 109 de la Ley 1450 de 2011. Están por estructurarse las reglas aplicables a las áreas estratégicas para la extracción de once minerales que serán asignadas a partir de 2014 mediante subastas compatibles con altos estándares internacionales. Sobre la formalización de la minería artesanal, el reto gubernamental es seguir contribuyendo a mejorar las condiciones asociativas, de seguridad y de empleo en el sector, acciones que se diferencian de la política estatal de combatir las rentas mineras de grupos ilegales y sus prácticas de destrucción del medio ambiente.
Es preciso seguir imprimiendo agilidad a la expedición de licencias, dentro de los necesarios altos estándares. El gobierno ha subrayado avances al indicar que 80% de los procesos asumidos por la ANLA en el 2011 estaban fuera de términos, en tanto que a la fecha el 90% de esos procesos han sido atendidos. Otro desafío pendiente es fortalecer financiera y técnicamente las Corporaciones Autónomas de Desarrollo Regional en su papel de colaborar con la supervisión territorial ambiental.
La incertidumbre a raíz de la inexequibilidad de la Ley 1382 de 2010 ha quedado en parte superada. El Código de Minas (Ley 685/2001) se complementa ahora con cerca de 15 artículos de la Ley 1450 de 2011, en temas como el control a explotaciones ilícitas; protección a la minería informal; concesiones para reservas mineras estratégicas; control a la comercialización de minerales; y regulaciones sobre el sistema nacional de áreas protegidas. En virtud de estas normas se han mantenido prohibiciones como las de hacer minería en páramos, en humedales Ramsar y en reservas forestales. Por otra parte, los Decretos 933, 934, 935 y 943 de mayo pasado, dieron claridad a políticas como la formalización de la minería tradicional; el establecimiento de zonas de exclusión; las causales de rechazo de propuestas de concesión; y las prórrogas de períodos de exploración y contratos.
En este contexto, adquieren importancia la estabilidad en las reglas y el fortalecimiento técnico y operativo de la nueva institucionalidad para la aplicación eficiente y transparente de los referidos marcos jurídicos. Igualmente, cabe la participación constructiva de todos los actores del sector minero en las definiciones pendientes. Ello en beneficio de asegurar la contribución de la minería al desarrollo económico y sostenible del país.
Registrándose puede personalizar sus contenidos, administrar sus temas de interés, programar sus notificaciones y acceder a la portada en la versión digital.
