miércoles, 3 de octubre de 2018
Guillermo Botero informó que el Gobierno respeta la protesta social pero perseguirá las filtraciones de grupos delictivos en grupos sociales
La Comisión Segunda del Senado realizó el control político al proyecto de presupuesto para el sector defensa presentado por el ministro encargado de esa cartera, Guillermo Botero quien fue requerido para explicar los alcances sobre sus declaraciones frente a la protesta social. Botero resaltó que el país no tiene el presupuesto necesario para poder invertir en sistemas de defensa antiaérea.
“El presupuesto de inversión de este año no llega a $1 billón, al no llegar a ese monto tengo que gastarlo en el mantenimiento de los equipos actuales, por eso es que afirmo que en este momento el Ministerio no tiene recursos”, fueron las declaraciones del ministro Botero, luego de que concluyera el debate de control político.
El debate fue citado por la bancada de la oposición en cabeza del senador del Polo Democrático, Iván Cepeda, quien dijo que "la oposición ha citado al ministro Botero, ante sus reiteradas declaraciones que pretenden conducirnos a una mayor restricción de la protesta social y a generar un clima de ilegitimidad en medio del creciente ascenso de la participación y las expresiones de movilización ciudadana, como lo demostró la reciente consulta anticorrupción”.
Por su parte, el ministro Botero reiteró que el Gobierno es respetuoso del legítimo derecho a la protesta social, pero que es deber de la fuerza pública garantizar la seguridad de todos los colombianos. Por ese motivo dijo que "Tenemos un propósito común que la violencia no continúe, no queremos más víctimas, pero eso si quienes sigan en delito y se burlan de las víctimas recibirán las consecuencias de la justicia".
Botero también le pidió al Congreso que legisle sobre los alcances y límites de la protesta social. Afirmó que este derecho no es absoluto y que se debe limitar por las libertades ajenas y el respeto a la propiedad privada.
Para soportar sus reclamos al legislativo, Botero dijo que entre 2016 y 2018 la entidad ha adelantado 624 procesos judiciales por comisión de delitos a personas que han participado en protestas sociales. También insistió investigará cualquier tipo de filtración en esta clase de movimientos.
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