Ministerio de Educación pide investigar a directivos de la Universidad Metropolitana

El Ministerio de Educación Nacional compulsó copias ante la Fiscalía General de la Nación para que se inicie una investigación a distintos directivos actuales de la Universidad Metropolitana de Barranquilla por hechos que podrían constituir conductas penales, según un comunicado de prensa publicado este 17 de marzo de 2026.

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De acuerdo con la comunicación, entre las personas mencionadas para investigación se encuentran el presidente del Consejo Directivo, Luis Fernando Acosta Osio; el representante de la Arquidiócesis de Barranquilla, Carlos Julio Macia; María Cecilia; Ricardo Rosales Zambrano; y el rector de la institución, José Borré Aguilera. La Fiscalía deberá determinar si existen responsabilidades penales relacionadas con decisiones adoptadas dentro del gobierno de la universidad.

La decisión se produce después de que el Ministerio analizara información y documentos sobre una presunta toma irregular del control de la institución y el proceso de designación del actual rector. En el mismo expediente también se mencionan posibles irregularidades en el manejo de recursos de la universidad.

Según lo señalado en el comunicado, las autoridades deberán revisar la posible desviación de más de $40.000 millones mediante empresas vinculadas y operaciones relacionadas con el Hospital Metropolitano. Estos hechos, de confirmarse, habrían afectado el patrimonio de la institución educativa.

El documento también indica que el caso fue puesto en conocimiento de la fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo, para que se adelanten las investigaciones correspondientes. La Fundación Acosta Bendek señaló que espera que las autoridades esclarezcan los hechos y determinen las responsabilidades que correspondan.

Antecedentes

La Fiscalía aseguró que entre septiembre de 2016 y enero de 2017 Luis Fernando Acosta Osio habría solicitado a un senador, ya condenado por estos hechos, que intercediera ante el Ministerio de Educación para lograr la aprobación de una reforma estatutaria en la universidad y facilitar el nombramiento de una persona de su confianza como rector. Según el ente acusador, el Ministerio terminó avalando esa reforma el 31 de enero de 2017.

Durante la audiencia ante una jueza de control de garantías también se expuso que, cuatro meses después, en mayo de ese año, Acosta Osio se reunió en la casa de un senador con un juez, a quien presuntamente le ofreció $200 millones para que una audiencia de restablecimiento de derechos fallara a su favor. Por estos hechos, la Fiscalía le imputó los delitos de cohecho por dar u ofrecer y tráfico de influencias de servidor público.

La jueza además lo declaró en contumacia tras establecer que durante más de cinco años el proceso penal se habría dilatado por su inasistencia a las diligencias judiciales. Raúl Romero, representante de las víctimas, señaló que el caso avanzó luego de una tutela resuelta por la Corte Suprema. Explicó que durante el trámite la defensa presentó reiteradas incapacidades médicas para justificar la ausencia del imputado en la audiencia de imputación, lo que generó dudas en el despacho judicial y llevó a ordenar una investigación paralela para establecer si se incurrió en fraude procesal o falsedad en documento.

A Acosta Osio se le imputaron cargos por los delitos de soborno, y tráfico de influencias.