Mintrabajo emitió una nueva resolución que afecta las incapacidades y exámenes médicos

El 29 de abril del presente año, el Ministerio de Trabajo emitió una nueva resolución que busca regular la práctica de evaluaciones médicas ocupacionales y la expedición de incapacidades.

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La consultora Andrea Ortiz explicó que con esta nueva normativa, a partir de ahora, si un trabajador se ausenta por causa no médica durante un período mayor, o igual, a 90 días, tendrá que aplicar un examen por retorno o reincorporación dentro de la empresa.

La normativa que está identificada bajo la resolución 1843 de 2025 también estableció que cuando un médico genere recomendaciones en el examen médico, el empleador tendrá un tiempo máximo de 20 días para adaptarlas.

Con respecto a las incapacidades, si la ausencia es mayor, o igual, a 30 días o si la condición de salud del incapacitado es pertinente, deberá realizar un examen post incapacidad.

"Siempre mayor o igual a 30 días o si ya lo considera el área de CST o recursos humanos", explicó Ortiz a través de sus redes sociales.

En pro de realizar un seguimiento preventivo sobre las condiciones de salud de los empleados, la normativa señaló que el diagnóstico debe ser gratuito sin importar el número de empleados, y las IPS están obligadas a entregar dicho informe en diciembre de cada año.

Con respecto a exámenes delicados como las pruebas de embarazo la normativa señaló que “la prueba de embarazo solo podrá solicitarse, con consentimiento previo de la trabajadora, en los casos en los que el trabajo a desempeñar implique riesgos reales o potenciales que puedan incidir negativamente en el desarrollo normal del embarazo”.

Cuando se habla de pruebas de alcohol y sustancias psicoactivas, Ortiz señaló que estas pruebas deben destinarse a “acciones de prevención de accidentes de trabajo y enfermedad laboral” y se aplicarán exclusivamente a trabajadores cuyas funciones impliquen riesgos para terceros.

Para los costos de transporte en pro de llevar a cabo estos exámenes, la resolución ahora exige que sean las empresas las que asuman estos gastos. Pues, en caso de que no sea así, la normativa ahora habilita la imposición de sanciones.